Integrantes de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, en Lerma, estado de México, se manifestaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir al organismo que emita una recomendación y medidas cautelares ante la intención de construir una carretera que afectará a dicha comunidad, y que ahora está avalada por un decreto expropiatorio del gobierno federal, publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación.

José Luis Fernández, vocero de la comunidad, y Jaime Vargas González, integrante del consejo supremo indígena de los pobladores, aseguraron que las manifestaciones en el estado de México y el Distrito Federal no cesarán hasta echar atrás el proyecto que afectará más de 37 hectáreas de agostadero de uso común.

Añadieron que el decreto expropiatorio es un acto ilegítimo e ilegal con el que pretenden despojarnos de lo poco que tenemos.

La expropiación busca concluir la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto que lleva en ejecución más de ocho años sin que se haya podido terminar por la oposición de varias comunidades.

Además de las tierras de Xochicuautla, Lerma, también fueron expropiadas pequeñas superficies de San Francisco Chimalpa, Naucalpan; San Pedro Totoltepec, Toluca, y el ejido de San Mateo Atenco, del municipio del mismo nombre.

En Toluca, pobladores de Xochicuautla advirtieron ayer que iniciarán una etapa de resistencia civil pacífica para impedir que los trabajos de la obra se realicen en su comunidad e informaron que emprenderán una batalla legal para echar abajo el decreto, pues consideran que está sustentado en falacias.

Afuera de la CNDH, con pancartas en las que se leía Xochi está sufriendo el terrorismo de Estado y la desviación del poder y No al decreto de expropiación en territorio otomí, los manifestantes, acompañados por miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, querían ser recibidos por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.

Finalmente fueron atendidos por la cuarta visitadora general del organismo, Norma Inés Aguilar León, quien les informó que el caso se seguirá analizando, se solicitará más información a las autoridades y se enviará a visitadores adjuntos como observadores.

Por la tarde la CNDH informó que recibió una ampliación de queja y precisó que ésta se incorporará al expediente iniciado en febrero pasado.