añana se festeja el Día del Abogado y es una buena oportunidad para reflexionar sobre esta añeja profesión representativa de los claroscuros de nuestro país.

El término abogado viene del latín advocatus, entendido como un auxiliar de la justicia, o el representante de una de las partes en un juicio, quien acude a los órganos del Estado para hacer respetar lo que considera es la interpretación correcta de la ley, pero sobre todo la búsqueda de la justicia. Por ello es una profesión apasionante.

El dilema entre justicia y derecho es ancestral. El filósofo italiano Franco Avicolli suele recordarlo a menudo remontándolo a las tragedias griegas, por ejemplo, Antígona en la obra de Sófocles opta por desobedecer la ley en búsqueda de lo que ella consideraba justo, a pesar de sufrir graves consecuencias en su persona. También, en la obra teatral de William Shakespeare El mercader de Venecia se hace presente este conflicto en la decisión del duque, cuando resuelve en favor de lo que considera el valor de la justicia en contra de una visión formalista de la ley. Los abogados al recibir su título profesional hacen suyos los 10 mandamientos de Couture. El cuarto, que se refiere a este dilema, señala: Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia.

La profesión de abogado es la más antigua en nuestro país y a ella se han sumado, como formación inicial, múltiples pensadores y humanistas, grandes literatos y políticos. Existen abogados en el litigio, la judicatura, en la administración pública y privada, también en la consultoría y la academia. A pesar de que crece su número, las posibilidades de desarrollo profesional siguen siendo muy amplias.

En México, desde el seno familiar, se suele inducir a los jóvenes sobre su futuro profesional. Es común escuchar a los padres decir a un hijo: Vas para abogado, no necesariamente porque sea muy justiciero, sino por alegador y además malo para las matemáticas y, a diferencia de otros países, la carrera de derecho se presenta como una opción fácil de cursar y por ello crece la matrícula y el número de instituciones que la imparten.

Erik Iván Matamoros, de la UNAM, se ha dado a la tarea de estudiar este tema y aporta datos interesantes: cerca de mil instituciones educativas en México imparten esta carrera con 34 denominaciones; desde hace 70 años, han sido otorgadas por la Secretaría de Educación Pública más de medio millón de cédulas profesionales, sin contar pasantes y prácticos.

Diversas instituciones y juristas de prestigio han planteado la necesidad de revisar las reglas bajo las cuales debe funcionar esta profesión que está vinculada con las entrañas mismas de la sociedad. Hacen notar con razón, que existe gran disparidad entre los estudios de una escuela y otra; advierten la falta de controles en el desempeño profesional, lo que ocasiona daños irreversibles a la población al no brindarle un servicio jurídico honesto, informado y responsable; señalan también que la experiencia internacional aporta buenas prácticas para lograr superar estas deficiencias. Una de las propuestas, para evitar estos vicios en el servicio de representación legal, es la llamada colegiación obligatoria, que impone a estos profesionales a formar parte de un colegio o asociación, y acreditar periódicamente la capacidad para desempeñar la profesión. También plantean la necesidad de establecer mecanismos que garanticen el comportamiento ético y responsable de los abogados mediante certificaciones y posibles sanciones.

Matamoros da cuenta de que existen 133 barras o colegios registrados y que sólo 3 por ciento de los abogados forma parte de ellos. La propuesta de colegiación tendría que darse en un nuevo escenario. Las barras y colegios existentes suelen ser controlados por grupos de interés con el fin de obtener ventajas del gobernante en turno. Es común que operen como agencias de empleo o trampolín de carrera política. En otros casos, para dar lustre a un currículo; difícilmente se atreven a llevar a la práctica sus postulados y a cuestionar los abusos de las autoridades, las maniobras legislativas o los cambios en los órganos de justicia promovidos por el Ejecutivo para imponer jueces subordinados. Basta observar los reconocimientos y premios que suelen otorgar las asociaciones de abogados a personajes impresentables. La toga y birrete impuestos años atrás al general Arturo Durazo Moreno fue símbolo de esta sumisión.

Esta dura realidad profesional no es excusa para cejar en la intención de que los vicios se superen. Conviene continuar con la discusión sobre la mejor vía para hacerlo. En esta tarea habría que incluir las reglas para la enseñanza del derecho; más ahora, cuando varias ramas están siendo objeto de transformaciones profundas, fruto del proceso de globalización, la vigencia del paradigma de los derechos humanos y la presencia de nuevos procedimientos que buscan mayor transparencia y agilidad en los procesos; es el caso del sistema penal acusatorio, que deberá entrar en vigor el año entrante en todo el país. En la revisión de los sistemas de enseñanza se podría considerar la liberalidad con que hoy se otorgan reconocimientos de posgrado por parte de negocios privados carentes de calificación.

La buena noticia es que existen otras personas que desempeñan su trabajo en favor del derecho y la justicia, otro rostro de la abogacía. Entre ellos, están los que se han tomado en serio utilizar la profesión para mejorar la convivencia social, que asumen riesgos y navegan contra la corriente en la ciudad y en el campo; se encuentran en todo el país y muchos no tienen nombres famosos; su preocupación no es el monto de los honorarios ni la ventaja personal, son abogados a carta cabal. Es a ellos a quienes deberíamos festejar el día de mañana.

A Néstor de Buen, maestro de tantas generaciones que ha dedicado su vida a dignificar la profesión.