l no obtuvo ayer una contundente victoria en el referendo realizado en Grecia a instancias del gobierno de Alexis Tsipras para someter a consulta de los ciudadanos la aceptación o el rechazo a las condiciones impuestas por la troika –Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea, (CE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)– para otorgar un paquete más de ayuda financiera a cambio de nuevas medidas de austeridad. Tanto en el país mediterráneo como en el resto de la Unión Europea (UE) el hecho tiene diversas dimensiones que es pertinente comentar.

Por principio de cuentas, el resultado de la consulta no resuelve de manera alguna la crisis griega; más bien inaugura un nuevo capítulo y coloca la confrontación entre las autoridades de Atenas y las instituciones del viejo continente en un terreno complicado e incierto, en el que cualquier pronóstico puede resultar apresurado.

Es pertinente colocar el ejercicio democrático de ayer en su justa dimensión, toda vez que desde que se anunció su realización fue sometido a una intensa campaña de distorsión y desinformación –impulsada principalmente desde el gobierno alemán, que preside Angela Merkel–, cuyo eje principal fue que la ciudadanía griega estaba por decidir su permanencia en la zona euro (o, incluso, en la propia UE) o su salida de ella. Es cierto que una de las posibles consecuencias del resultado de la consulta podría ser la exclusión del país mediterráneo de la moneda común y de las instituciones europeas en general, pero tal decisión no depende de los griegos –cuyo gobierno ha reiterado una y otra vez su voluntad de permanecer dentro de la región monetaria–, sino del resto de los gobiernos de la UE.

Las posturas al respecto distan de ser unánimes. Por ejemplo, mientras Berlín adelanta una interpretación de los resultados como una ruptura de puentes entre Atenas y Bruselas –sede de varias instituciones centrales de la Europa comunitaria–, el presidente francés, François Hollande, reiteró la urgencia de buscar mecanismos para que Grecia permanezca en el ámbito de la moneda común y de la Unión Europea. Está por conocerse la postura del BCE, cuyo consejo de gobierno deberá determinar esta misma semana si sigue dando a Atenas y a sus bancos, casi vacíos, alguna ayuda financiera de emergencia o si suspende la transferencia de fondos, lo que podría derivar en un rápido colapso del sistema financiero griego.

Por lo demás, la circunstancia no sólo resulta peligrosa para Grecia, sino también para el resto de Europa: si se permite la bancarrota del país mediterráneo, éste se verá imposibilitado de cumplir con los cuantiosos pagos que tiene pendientes a corto plazo, y ello podría desencadenar una crisis financiera sin precedente en todo el continente y acaso también en el mundo. Resulta significativo al respecto que el presidente estadunidense, Barack Obama, pida con insistencia a los gobernantes europeos que hagan cuanto esté en sus manos para impedir la llamada Grexit, es decir, la salida de Grecia de los organismos continentales.

La preocupación de la Casa Blanca no es únicamente económica, sino también política e incluso geoestratégica, en la medida en que un precedente griego podría abrir la perspectiva a un desgajamiento de la UE y en consecuencia del bloque occidental.

Político es, asimismo, el pulso entre Atenas y la troika: lo que está en juego, en el fondo, es la determinación de la primera a impedir que una nación soberana rechace los términos de los ajustes estructurales impuestos desde la tecnocracia de las cúpulas institucionales que defienden los intereses de los grandes capitales, los cuales han promovido incluso al precio de devastar economías nacionales y de provocar enormes sufrimientos sociales, como ocurrió en España, Italia y Portugal.

No debe descartarse la posibilidad de que ahora tales intereses busquen desestabilizar y socavar a la administración de Tsipras, a fin de ofrecer un escarmiento a los sectores políticos que se han propuesto seguir su ejemplo; destacadamente, la organización emergente Podemos, en España.

Los acreedores y sus representantes acusan al gobierno de Syriza de propiciar la destrucción de la economía griega, pero omiten mencionar que esa economía ya fue destruida por un proceso de endeudamiento que culminó con créditos impagables –como ha reconocido el propio FMI– y una década de ajustes salvajes impuestos precisamente por la troika.

En este contexto, el resultado del referendo de ayer no sólo constituye una recuperación democrática de la soberanía nacional frente a los organismos multinacionales promotores de las políticas de saqueo financiero, sino también la afirmación de que tales políticas pueden ser cuestionadas y resistidas por pueblos y gobiernos.

En lo inmediato, la emergencia griega se extiende al resto de Europa, y lo único seguro es que todos los actores están obligados a llevar a cabo nuevas y urgentes negociaciones. Cabe esperar que en ese proceso Grecia logre de sus socios europeos términos más respetuosos, así como condiciones política y socialmente aceptables.