Chilpancingo, Gro.

El representante de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, informó que ayer comenzaron en la normal rural de Ayotzinapa los trabajos de la tercera Convención Nacional Popular (CNP), donde discuten como punto central la jornada de lucha para el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición de los normalistas. Aseguró que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación (SG) se oponen a que sean investigados los militares, para indagar su posible participación en lo ocurrido.

Vía telefónica, explicó que el objetivo central de esta convención es diseñar el plan de acción a partir de la siguiente jornada de lucha, que concluirá el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el año de la desaparición de los estudiantes, obviamente continuaremos luchando por su presentación.

Adelantó, que el nuevo plan de acción contempla llevar a cabo una megamarcha en la ciudad de Iguala, el próximo 15 de julio, con la finalidad de exigir al gobierno federal que permita que el equipo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda entrevistarse con los oficiales del 27 batallón de infantería, que estuvieron al tanto de las actividades del 26 de septiembre.

Insistió que para ellos es determinante que la CIDH tenga un diálogo con los militares, porque no se les permite hacer la investigación correspondiente, luego de que se comprobó que se torturó a los procesados para declarar lo que así convenía al gobierno mexicano.

Felipe de la Cruz destacó también que esto confirma la sospecha que hemos tenido de la participación de los militares; por eso vamos a insistir en que se abran las puertas, en las nuevas investigaciones, hacia el Ejército mexicano, porque no quitamos el dedo del renglón de que fueron ellos quienes participaron de manera directa en la desaparición de las personas.

El problema, destacó, es que el gobierno mexicano persiste en su intento de hacer creer a la opinión pública que los jóvenes fueron asesinados y quemados en Cocula, para que ya no sigamos luchando y protestando, pero mientras no haya evidencias científicas vamos a seguir insistiendo en que nos los tienen que entregar, porque se los llevaron sin razón y justificación, y hoy pretenden que quede en el olvido, y eso no va a ser posible.

Culpó a la Sedena y a la SG de ser las instancias que a escala nacional se oponen a que el equipo independiente de la CIDH, tenga un diálogo con elementos castrenses del batallón con sede en Iguala; hasta hoy las dos dependencias están en la misma postura de no permitir la investigación a los militares, concluyó.