Los jueces federales Jorge Dionisio Guzmán González y José Torres Ángeles, cuyos juzgados están en el estado de México, enfrentan una investigación ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), derivada de una queja administrativa que refiere presuntos fallos en su actuar y/o desconocimiento de la nueva Ley de Amparo, pero fundamentalmente debido a que fueron acusados por abogados de librar suspensiones de amparo con las cuales se protegieron los intereses de OHL-México y de la constructora Vinte, filial de la viviendera Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV.

Las quejas administrativas ya son del conocimiento del ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y del CJF, además de que los propios juzgadores serán requeridos para presentar argumentos en su defensa, según consta en documentos judiciales cuya copia tiene La Jornada.

Las quejas fueron interpuestas por abogados del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, que preside Humbertus Pérez Espinoza, y la molestia de los litigantes se originó por el hecho de que los jueces Guzmán y Torres negaron a familiares afectados con la venta de casas sobrevaluadas hasta en 40 por ciento su derecho legal a ser reconocidos como terceros perjudicados en juicios de amparo iniciados a petición de René Jaime Mungarro y Sergio Armando Guevara Márquez, apoderados legales de la empresa Urbi.

Desde hace cuatro meses un juez en materia penal del estado de México libró en contra de Mungarro y de Guevara Márquez una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por fraccionadores.

Extrañamente, los representantes legales de Urbi se enteraron a tiempo y antes de que fueran detenidos pudieron tramitar los juicios de amparo 377/2015 y 405/2015, y obtuvieron una suspensión contra la órden de captura.

El frente mexiquense considera que si les dan el carácter de terceros perjudicados o interesados en los juicios de amparo 377 y 405/2015 estarán en posibilidades de aportar pruebas y lograr que los jueces Guzmán y Torres Ángeles sobresean los juicios (es decir: desechen las demandas) y con ello los cuerpos de policía del estado de México queden posibilitados para detener a los apoderados legales de Urbi, informó Pérez Espinoza en entrevista con este diario.

Añadió que el artículo 5 de la Ley de Amparo concede a cualquier victima de un delito (el frente mexiquense es representante legal de decenas de familias que fueron defraudadas por las principales vivienderas del país) el derecho legal a ser considerado tercero perjudicado o tercero implicado en un juicio de garantías.

Pérez Espinoza refirió que de la negativa de los jueces mencionados pueden derivar cualquiera de estas dos vertientes: o estamos ante el profundo desconocimiento de los alcances de la nueva Ley de Amparo (que entró en vigor en abril de 2014) por parte de estos jueces, o se trata de dos juzgadores que están protegiendo los intereses de las empresas OHL México y de Vinte-Viviendas Integrales de Urbi, al querer otorgar dos amparos en favor de Mungarro y Guevara, a pesar de que los delitos cometidos por los apoderados legales son graves.