Guanajuato, Gto.

El Congreso del estado reformó el Código de Procedimientos Penales para prohibir que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PJGE) promueva la conciliación en denuncias de mujeres por violencia intrafamiliar, a fin de evitar que sean agredidas o asesinadas.

El artículo 3 de dicho código, modificado por unanimidad, estipula que corresponde al Ministerio Público promover la mediación y la conciliación entre el inculpado y la víctima u ofendido en los delitos perseguidos por querella o cuando así lo señale la ley, salvo en los casos de violencia familiar.

Los diputados también adicionaron el artículo 160-A, que ahora señala: En los casos de violencia familiar no procederá la conciliación como medio alterno de solución de controversia, de conformidad con las disposiciones legales en violencia de género.

La iniciativa fue presentada por el ayuntamiento de León y promovida por las regidoras Verónica García y Beatriz Manrique. En la exposición de motivos el cabildo argumentó que la enmienda es necesaria porque la conciliación promovida por las agencias del Ministerio Público atenta contra la dignidad de las mujeres.

Cuando las denuncias no son atendidas diligentemente, conforme a los medios de apoyo establecidos a favor de las víctimas, se permite el gradual aumento de la violencia y no sólo está en peligro la integridad física, sino un bien tutelado de mayor importancia: la vida, refiere el dictamen.

El 22 de septiembre del 2013 Laura Patricia Vázquez Aguilar fue estrangulada por su marido, Miguel Castro, ex policía del municipio de León.

En tres ocasiones la mujer interpuso querellas contra su esposo por violencia intrafamiliar, y la PGJE envió el caso a las agencias conciliadoras, a pesar de que lo prohíbe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En abril de 2014, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato concluyó que la mujer fue asesinada por omisión de los titulares de las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

En esa ocasión el ombudsman Gustavo Rodríguez recomendó al procurador Carlos Zamarripa sancionar a ocho funcionarios por ejercicio indebido de la función pública y discrtiminación.

Reciben petición de revocar mandato al edil de Silao

El Legislativo dio entrada ayer a la solicitud de revocación de mandato promovida por académicos, activistas y periodistas contra el alcalde priísta de Silao, Enrique Solís Arzola, presunto autor intelectual de la golpiza que recibió la periodista Karla Janeth Silva Guerrero el pasado 4 de septiembre.