Colectivos en pro de la diversidad sexual presentaron ante la Fiscalía General de Jalisco (FGE) una denuncia en contra del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, a quien acusan de incitar al odio y la discriminación y de oponerse a los derechos humanos de los ciudadanos que deseen casarse con parejas del mismo sexo. Argumentaron que su postura va contra la Constitución.

El jerarca declaró la semana pasada que exhortó a miembros de la Iglesia católica y laicos comprometidos a sumarse a una cruzada contra los matrimonios entre personas del mismo sexo y la legalización del aborto, y dijo que ambas prácticas son puertas por las que entró el demonio a México. Invitó a sacerdotes y obispos a realizar exorcismos en todo el país, como el que él mismo encabezó a principios de mes en la catedral de San Luis Potosí.

Sandoval, quien hace unos días estuvo en una reunión privada con el gobernador Aristóteles Sandoval, dijo que las tendencias sexuales son cosa de ellos, pero equiparar dichas relaciones al matrimonio es una cosa desviada. También acusó a la SCJN de recibir grandes donaciones para legislar en contra de la moral.

Estas declaraciones violentan a quienes pertenecemos a la población lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) a nivel personal, jurídico y familiar, pero además invisibiliza las diferentes formas de familias que en Jalisco se hacen presentes, entre ellas las encabezadas por mujeres y las conformadas por personas del mismo género, dice la denuncia.

El documento afirma que Sandoval transgrede el derecho de las personas a la honra y la dignidad, estipulado en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en las constituciones federal y local. También promueve fobias a la diversidad sexual, lo que acredita un acto de discriminación inminente y público, que en nuestro estado está tipificado como un delito, según el artículo 202 bis del Código Penal. Además, el artículo primero de la Constitución establece el principio de no discriminación y el 4 afirma que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

En Toluca, estado de México, integrantes de la comunidad lésbica-gay exigieron el miércoles a los diputados mexiquenses que acaten la resolución de la SCJN, que en febrero instruyó modificar el Código Civil de la entidad por considerarlo discriminatorio, pues limita el matrimonio a las parejas formadas por un hombre y una mujer.

Israfil Filos, presidente de la organización Grupos Vulnerables, recalcó que desde marzo existen iniciativas del gobernador Eruviel Ávila y del Partido de la Revolución Democrática para reformar este ordenamiento con la finalidad de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero los legisladores no han querido siquiera analizar las propuestas y el priísta Alfonso Arana Castro dijo que estas iniciativas no serían aprobadas hasta lograr un amplio consenso no sólo entre los partidos políticos de la entidad, sino entre los sectores de la sociedad.