El federalismo y la autonomía de que gozan los estados de la República favorecieron que el dinero asignado para la operación del Seguro Popular se usara para otros fines o de forma inadecuada. De ahí las diferencias entre entidades respecto de los servicios médicos y el abasto de medicamentos e insumos, reconoció Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Lamentablemente, dijo, las políticas públicas no son iguales en todos los estados de la República. Así, aunque desde 2004 que empezó a operar el Seguro Popular, y hay el dinero suficiente para garantizar el acceso a la salud y la calidad de los servicios, los avances no han sido parejos. La inversión de los recursos es una decisión de cada gobernador de acuerdo a la prioridad del estado, apuntó.

En entrevista, el funcionario advirtió que la prioridad para la comisión que encabeza es mejorar la calidad de la atención que reciben los 57.3 millones de inscritos a este esquema de aseguramiento.

El abasto de medicinas y surtimiento de recetas es uno de los asuntos pendientes. O’Shea refirió los resultados de la Encuesta de Satisfacción 2014 realizada entre afiliados del Seguro Popular, según los cuales, en promedio, 83 por ciento dijeron que la ultima vez que acudieron a una consulta médica salieron con casi todos y todos los medicamentos prescritos.

Sin embargo, al revisar la información del estudio por entidad se observa que en Veracruz sólo 30 por ciento de los pacientes surtieron su receta totalmente, y la mitad en Quintana Roo y el Distrito Federal.

El comisionado destacó que el indicador mejorará de manera sustancial a partir de este año por la reforma de 2014 a la Ley General de Salud, que ahora faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a retener 30 por ciento del dinero del esquema destinado a la compra de medicinas y pagar de manera directa las adquisiciones que realicen las entidades federativas.

De esa manera, dijo, los estados ya no tienen nada que ver con el uso de ese dinero ni hay riesgo de que se desvíe a otros fines. O’Shea rechazó que se trate de revertir la descentralización de los servicios. El objetivo, afirmó, es que haya más control y transparencia en el uso de los recursos económicos. “Era un reclamo de la sociedad. Nos decían ‘cómo mandas tantos miles de millones de pesos y no tienes cuidado de dónde terminan’”.

El resto del dinero que la CNPSS transfiere a las entidades por conducto de las secretarías de Finanzas debe llegar a los servicios de salud en los primeros cinco días hábiles de cada mes y reportarlo a esa comisión. El incumplimiento de esta disposición obliga al pago de multa y de intereses por los días de retraso.

O’Shea también reconoció que hacen falta más clínicas y hospitales. Es imposible ir de la mano con el crecimiento de la población. La infraestructura tampoco puede avanzar al mismo ritmo que la afiliación de personas al Seguro Popular, dijo.

Sin embargo, la CNPSS revisa todos los días las necesidades que hay en las unidades médicas. Para eso están disponibles este año 3 mil millones de pesos del Fondo de Previsión Presupuestal. Ese dinero se puede utilizar en la sustitución, remodelación o ampliación de inmuebles, así como para comprar equipamiento.

La única limitación, comentó, es que la entidad disponga de recursos económicos suficientes para garantizar la operación de las nuevas instalaciones, en específico que pueda contratar al personal que haga falta.

Agregó que parte de ese presupuesto se aplica en los centros de salud, primer nivel, donde habría que poner mayor atención.

En esas unidades se puede resolver 80 por ciento de las enfermedades de las personas. El problema es que tienen deficiencias y una antigüedad promedio de 34 años, en los que se ha invertido muy poco.

Deberíamos voltear para allá aunque no es taquillero. No es igual que inaugurar hospitales de alta especialidad.

Concluyó que con el FPP se han realizado algunas obras en algunos estados como Guerrero y Michoacán, pero se requiere mucho más.