Ante la probable resolución adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los amparos contra la reforma educativa, el magisterio disidente recurrirá a instancias internacionales de derechos humanos, pues se estarían violando varios tratados y convenios de la comunidad internacional, los cuales han sido ratificados por el Estado mexicano.

En conferencia de prensa, Antonio Castro López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CEND-SNTE), y el abogado Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), exigieron a los ministros de la Corte que hagan valer los derechos de los docentes y otorguen el amparo resolviendo que la reforma educativa viola derechos humanos.

El abogado Fuentes explicó que en las solicitudes de juicio de amparo –se estima que fueron más de cien mil los quejosos que recurrieron a esta acción legal– se reclaman una serie de violaciones a los derechos humanos y laborales, entre los cuales destacan el principio de retroactividad, la garantía de audiencia y la bilateralidad en la relación de trabajo, además de anular todo derecho de la organización sindical.

En todo caso, las disposiciones contenidas en dicha reforma serían aplicables a los trabajadores de nuevo ingreso y no a los que ya cuentan con una base y fueron contratados con otras características y condiciones. Pero la legislación reformada no hace distinciones.

Se tiene previsto que esta misma semana la SCJN discuta sobre la legalidad de la reforma educativa. Además, ha trascendido que el ministro Fernando Franco González Salas propondrá en su proyecto negar 26 amparos promovidos por maestros, que suman miles de expedientes más.

Antonio Castro López, secretario general del CEND el SNTE, informó que las instancias internacionales a las que recurrirán son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.

A las 13 horas de este lunes, una representación de la disidencia magisterial y de la ANAD acudirá a la sede de la Corte para entregar una carta a los ministros, donde se les exige respetar la Constitución y con ello los derechos de los trabajadores de la educación.

A la conferencia asistieron también una decena de dirigentes de diversas secciones sindicales en el país, quienes, junto con el abogado Manuel Fuentes, cuestionaron la actuación de los ministros de la Corte y de los jueces, que han puesto obstáculos absurdos para impedir la defensa de los derechos de los maestros.

Criticaron que la Corte tenga en sus manos desde hace 18 meses las solicitudes de amparo, y apenas hoy, cuando están imponiendo la evaluación, los ministros deciden resolver el caso.

La maestra Silvia Elizabeth Arévalo, de las secciones 16 y 47 de Jalisco, criticó que la Corte tarde año y medio en resolver miles de amparos, mientras otros jueces los otorgan en cuestión de horas, en referencia al obtenido por Mexicanos Primero contra la decisión de la Secretaría de Educación Pública de posponer el proceso de evaluación.