Todos los partidos políticos aprobaron en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República (PGR) que realicen una investigación sobre el ingreso ilegal de armas de origen alemán a México. Se destaca en el acuerdo aprobado que la empresa alemana Heckler & Koch ha sido acusada en su país de haber surtido sin autorización 4 mil 767 fusiles de asalto HK G36 a los gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco, entre 2003 y 2011. En las consideraciones del dictamen se señala que muchos de los hechos violentos ocurridos en esos estados están relacionados con armas de tráfico ilegal, que llegan al país sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervienen en la comisión de este delito, que afecta a los mexicanos. De igual forma, los diputados y senadores manifiestan que el costo en vidas humanas y en daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementar en materia de control de armamento.