as trasnacionales petroleras y sus socios en México están felices con los resultados electorales del 7 de junio pasado. El partido en el gobierno, junto con sus satélites (el mal llamado Verde Ecologista y Alianza), tendrá mayoría en la Cámara de Diputados. Esto facilitará culminar sin contratiempos una de las reformas más celebradas por la actual administración federal: que la inversión privada ingrese al sector energético. Se hace realidad también un anhelo del Partido Acción Nacional, que suele definirse como la principal fuerza de oposición.

Pero la reforma energética, tal como fue aprobada por los legisladores, no satisface plenamente a los inversionistas. Como han publicado los principales medios especializados en el tema, las 26 compañías petroleras interesadas en explorar en una primera etapa 14 yacimientos de hidrocarburos en aguas del Golfo de México estiman que los términos de los contratos elaborados por las instancias oficiales no son suficientemente atractivos para arriesgarse a invertir en esa región y en el resto del territorio nacional.

Varios funcionarios han divulgado las nuevas exigencias de las compañías. Como Édgar Rangel, integrante de la nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos. En un seminario sobre energía celebrado en el Instituto de las Américas, con sede en San Diego, California, sostuvo que los reparos de las empresas se refieren a los temas fiscales, los mecanismos de ajustes y la cantidad de bloques en los que pueden trabajar. La comisión se encarga de resolver esas peticiones y de fijar los términos en que se llevará la relación entre el gobierno y las compañías interesadas en explotar los hidrocarburos. Se desconoce qué tanto se cedió a las exigencias. Pero todo indica que las trasnacionales y sus socios locales tendrán mayores ventajas para realizar sus tareas en el país. Por lo pronto, el gobierno les aumentó la tasa de ganancias de 15 a 20 por ciento, pero quieren una tajada mayor del pastel, como si México fuera un inmenso pozo de petróleo.

Según las compañías (la mayoría con sede en Estados Unidos, pero también de Australia, Noruega, Brasil, Dinamarca y China, por ejemplo), las reglas de juego deben cambiar porque el panorama mundial de los hidrocarburos es muy diferente al de hace dos años, cuando el gobierno logró modificar la Carta Magna para abrir el sector energético. El precio del barril de petróleo se vino a la baja estrepitosamente y a mediano plazo no entrará en una carrera alcista, pues la Organización de Países Exportadores de Petróleo reafirmó recientemente su política de sostener el actual ritmo de explotación de los yacimientos en los países que la integran.

Lo que las compañías energéticas extranjeras obtengan en su beneficio como condición para invertir en el país (especialmente en términos fiscales) se verá próximamente, cuando se divulguen los nombres de las que explorarán en el Golfo de México. En ello también influirá que, gracias a la técnica del fracking y a una mayor eficiencia productiva en los campos de explotación, Estados Unidos es ya el mayor productor de petróleo, por encima de Arabia Saudita y Rusia. Y que con ello satisface casi la totalidad de su demanda energética. Pero en cambio, las compañías obtienen menos utilidades con dicho aumento, a lo que se agrega que a nivel global se están cancelando proyectos por unos 200 mil millones de dólares para explorar y explotar petróleo y gas en aguas profundas, incluyendo las del Golfo de México.

Un tema muy poco analizado es el de los efectos ambientales que podrá causar en nuestro país la extracción de hidrocarburos por las compañías privadas. Si se les dan mayores concesiones, aumentarán los riesgos para los recursos naturales involucrados en cada caso. Algo todavía más grave si tenemos en cuenta que México no dispone de los suficientes mecanismos técnicos y personal capacitado para evitar y/o controlar desastres petrolíferos, especialmente en aguas marinas. El enorme derrame ocurrido en abril de 2010, al estallar una plataforma de la British Petroleum frente a las costas de Luisiana, es una advertencia de lo que puede pasar en la parte mexicana del Golfo.