Ensenada, BC.

Jornaleros de San Quintín, apoyados por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, denunciaron en conferencia de prensa que las secretarías de Gobernación, así como del Trabajo y Previsión Social, no han cumplido los acuerdos laborales, sociales y políticos que firmaron con ellos el 4 de junio pasado.

Señalaron que funcionarios de los gobiernos federal y estatal manipularon la minuta de acuerdos para beneficiar a los agricultores, cuando cambiaron aparentemente de forma dolosa, una palabra en la forma de cómo se dará el aumento salarial a los jornaleros.

Pusieron salario integrado en lugar de salario básico, lo cual es una violación a los derechos laborales, dijo Lucía Hernández, vocera de la organización social.

En Ensenada, 10 de los 13 voceros de la organización apuntaron que unidos y fortalecidos en la Alianza retomaremos la batalla para corregir la parte de la minuta que alguien alteró.

“Firmamos sin darnos cuenta de la traición que nos hicieron, ya que antes de redactar el contenido de la minuta nos lo leyeron, y ahí claramente se dijo ‘salario base’, no integrado, como lo cambiaron”, indicó Fermín Salazar.

Los voceros aceptaron que cometieron un error al firmar sin leer antes el documento, por lo que pidieron perdón a sus representados y reiteraron que las dependencias señaladas no han cumplido los acuerdos, como la entrega de 14 millones de pesos al propietario del Mercado El Reloj, del poblado Camalú, como indemnización para liberar a los últimos 14 presos por los incidentes violentos del 17 de marzo.

Ninguna dependencia los ha convocado, señalan

Explicaron que ni Gobernación ni Trabajo y Previsión Social han convocado a formar la comisión encargada de categorizar a las empresas del Valle de San Quintín para aplicar los pagos de 150, 165 y 180 pesos por jornada, de acuerdo con la categoría que se fije para cada agroempresa.

Tampoco se integró la comisión especial para verificar el registro de los trabajadores del campo al IMSS en las empresas que forman el Consejo Agrícola de Baja California, explicaron.

Bonifacio Martínez aseveró que la situación de violación a los derechos de los trabajadores y la explotación de los jornaleros sigue presente.

“Compañeros de Vicente Guerrero nos informaron que en el rancho Santo Domingo, de la empresa Moramex –filial de Driscoll’s, principal exportadora de fresas mexicanas a Estados Unidos y una de las tres principales comercializadoras extranjeras de moras y arándanos con asiento en San Quintín– están despidiendo a todo aquel jornalero que no acepte los salarios y condiciones de trabajo”.

Luego del acuerdo salarial del 4 de junio, el Rancho Santo Domingo también elevó de 8 a 20 el número de surcos que a cada trabajador agrícola toca como tarea en la quita de plásticos usados en el cultivo de fresa, aunque paga el mismo salario, denunció Juan Hernández.