Los homicidios de los trabajadores de la salud María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, perpetrados en Guanajuato y Sinaloa, es tarea de urgente resolución por las procuradurías de esos estados, sostuvieron los diputados perredistas, Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré.

Tal exigencia a los órganos investigadores se extendió al Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se demandó solucionar la problemática de la prestación del servicio de salud en comunidades en condiciones de inseguridad y riesgo.

La falta de recursos para que la población más desfavorecida acceda a los servicios básicos de salud se ha venido cubriendo con pasantes y prestadores de servicio social, que en ocasiones además de padecer carencias propias de su estancia, están sometidos a las condiciones de inseguridad, acoso del crimen organizado y la violencia en el país.

Alonso Raya y Sansores Sastré recordaron que en 1935, Gustavo Baz Prada, entonces director de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, lanzó el proyecto de la realización del servicio social por los estudiantes de medicina. En 1944 se inició el servicio social en el Instituto Politécnico Nacional, incorporándose a las enfermeras; en 1945 se agregaron los odontólogos.

Desde entonces prevalecen las mismas condiciones para los prestadores del servicio, por tanto, se requieren adecuaciones al servicio social de medicina acordes con las necesidades actuales del país y sus condiciones sociales, cuestionarnos seriamente su vigencia, por un lado, y por el otro, si estamos convencidos de sus bondades, reflexionar si el modelo no debiera extenderse a otras ramas del conocimiento cuyas intervenciones pudieran modificar las condiciones de desarrollo de las comunidades más desprotegidas, como sería el caso de carreras como ingenierías, arquitectura, leyes.

La problemática descrita se agrava con las condiciones de inseguridad en el país, refirieron los diputados, pues recientemente, esto se ha reflejado en agresiones a profesionales de la salud, expuestos, como todos, a estos riesgos, pero con los agravantes de que tienen que desempeñar una labor que pone en juego su integridad.

Resultados de un reciente sondeo en nueve entidades de la República refieren que 75 por ciento de los médicos encuestados han tenido un incidente de inseguridad, siendo las primeras causas, la extorsión telefónica, el asalto a mano armada y el robo de vehículo.

Frente a 2008, la inseguridad que sufren los profesionales de la salud ha aumentado hasta 200 por ciento, principalmente en Morelos, Guerrero y estado de México.

En el caso de María Teresa Adona Ponce, residente de medicina de la Universidad de Autónoma de Guadalajara, prestaba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, en el municipio de Romita. El pasado 14 de junio fue encontrada muerta en la salida al municipio de Cuerámaro, lo que ha causado la indignación de sus colegas y de la comunidad universitaria en Jalisco.

El pasado 26 de octubre Paulina Méndez, estudiante de traumatología en el Hospital General Regional en León, fue asesinada en un asalto, tras resistirse a ser despojada de su computadora por un sujeto, quien le clavó un objeto punzocortante en el pecho.

El cuerpo de Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue hallado el lunes pasado en la zona de los moteles de la salida norte de Culiacán, cerca del fraccionamiento de Urbivillas del Cedro.