a se han compartido análisis y valoraciones sobre la jornada electoral del pasado 7 de junio y ahí sí que todo depende del cristal con que se mire. Que el peñanietismo se pretenda adjudicar un triunfo resulta bastante cuestionable, entre otras cosas porque su partido formalmente de origen, el PRI, resultó con una votación disminuida que complementa con la de su filial, gastador excesivo, el Verde Ecologista. Sin embargo, ciertamente obtuvo triunfos emblemáticos, como la recuperación de la gubernatura en Guerrero frente a la debacle de dos gobiernos perredistas.

De los índices de abstencionismo, casi la mitad del padrón electoral, prefieren no ocuparse. Por otra parte, la institución del Estado, el Instituto Nacional Electoral, simplemente cumplió con su obligación, aun con sobresaltos informáticos. Sin duda, el conjunto de resultados marca una multiplicación de la oferta partidaria, aun cuando no definieron sus propuestas específicas y distintivas de cada proyecto o de la novedad de candidaturas independientes, salvo el caso de Mo­rena, que aparece con la lucha anticorrupción como eje central y la legitimidad de la trayectoria de su dirigencia, cuyos resultados si bien son significativos, sobre todo en la ciudad de México, su desafío será trascender los porcentajes de votos duros que provienen de desplazamientos del PRD hacia este nuevo partido.

Lo extraordinario que impide sin más hablar de la fiesta democrática se encuentra en que en algunas regiones del país fueron movilizadas fuerzas militares y la Policía Federal para garantizar la elección: el resultado fue la detención de un centenar de maestros: en Oaxaca, 25 siguen en prisión; cientos de acciones penales iniciadas, disuasión violenta de manifestaciones públicas, como el caso de la comunidad zapoteca (binnizá) de Gui’xhi’Ro’, Álvaro Obregón, cercos policiacos y militares; lo más grave fue el asesinato en Tlapa, Guerrero, del estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Antonio Vivar Díaz, en circunstancias de extrema tensión y en un contexto de una mediación en curso por parte de la organización Tlachinollan para liberar a maestros detenidos por la Policía Federal y agentes federales retenidos por la población en una colonia de esa localidad. Hasta ahora no se observan avances significativos en la investigación e identificación del o los responsables del crimen. En ello entramos al terreno de los cuestionamientos y también, por qué no decirlo, a los círculos viciosos. El movimiento magisterial agrupado en la CNTE junto con otras organizaciones, anunció un boicot electoral al tiempo que intentó llevar adelante su agenda de demandas gremiales, porque las relativas a otros temas, como el caso Ayotzinapa, se ha quedado lamentablemente en una expresión genérica, aun cuando cada día surgen elementos para obligar al Estado, por conducto de la PGR a reconocer que su famosa verdad histórica tiene escaso y muy cuestionable sustento.

En ese contexto, en los días previos al 7 de junio, el gobierno jugó con la manzana envenenada de la suspensión indefinida de las evaluaciones próximas, para salir sin recato alguno al día siguiente de las elecciones con la novedad de que se resolvieron las cuestiones operativas que motivaron el anuncio de la suspensión y aumentaron el tono contra el magisterio democrático en un aparente cierre de filas del gabinete. Pasada la elección, la CNTE tiene ante sí la inminencia de las evaluaciones que ahora se propone impedir. Está colocada la descalificación al magisterio donde su derecho a la protesta social es ubicado sin más como sinónimo de violencia. El gobierno no ha escuchado las voces que han señalado que no se oponen a la evaluación y sí a que el punto de partida sea sólo uno de los factores del proceso educativo, centrado en la supuesta responsabilidad de los maestros respecto de la llamada calidad de la educación. No se observa ninguna intención de replantear, abrogando la base constitucional y legal que con ese enfoque se ha dado a la llamada reforma educativa, que lo es esencialmente laboral. Tampoco formó parte de las propuestas de quienes serán diputados en el Congreso de la Unión. En las polémicas sobre votar o no, anular, etcétera, no se colocó el cuestionamiento sobre las problemáticas derivadas del paquete de reformas estructurales derivadas del Pacto por México. La ciudadanía que votó, en los hechos dio un cheque en blanco a los nuevos gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y delegados en el Distrito Federal. Aunque se han señalado tendencias del electorado, por ejemplo a castigar a los partidos votando por los independientes, al PRD votando por Morena, al PRI votando por los nuevos partidos, al PAN por sus alianzas. No han faltado, por cierto, denuncias de la clásica compra de votos; la realidad es que tienen la cancha libre para operar y de alguna manera les favorece que el movimiento social organizado se deslinde de ellos. No hay cambio de rumbo, sólo continuidad.

El gobierno de México y la Unión Europea (UE), en reunión poselectoral, acordaron en Bruselas iniciar la negociación y modernización de su tratado de libre comercio, vigente desde hace 15 años, a fin de liberar, señalaron, todo el potencial estratégico de esta relación, y Peña Nieto sin ningún reparo afirmó que en nuestra conversación hemos sostenido y apuntado con toda claridad que el tema de los derechos humanos, para el gobierno de México es un tema altamente prioritario. ¿Será que se hará justicia en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Apatzingán, en Tanhuato? ¿Qué se respetarán los territorios de los pueblos indígenas y se garantizará el derecho a la consulta previa, libre e informada? ¿Se respetarán las resoluciones en favor de la tribu yaqui frente al acueducto Independencia, en Sonora? ¿Se resolverán las miles de desapariciones forzadas? Sólo para señalar algunos ejemplos. La normalidad democrática no alcanza a cubrir a la cruda realidad. No queda más que evocar a Augusto Monterroso: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.