yer se cumplió una semana de protestas en Ecuador para exigir la dimisión del presidente Rafael Correa. Estas manifestaciones se originaron por un proyecto de ley que, de aprobarse, gravaría las grandes herencias y la plusvalía que obtienen los especuladores inmobiliarios. Al grito de ¡Fuera Correa, fuera
, los líderes de la oposición de derecha han azuzado las protestas, principalmente en la capital del país y en el puerto de Guayaquil, bastión de la derecha.
Anoche, Correa anunció el retiro temporal de la iniciativa para abrir un gran debate nacional, explicando que la medida responde al deseo de mantener un ambiente tranquilo ante la próxima visita del papa Francisco al país, en julio. Horas antes, el presidente pidió a los opositores que abandonaran las movilizaciones y recurrieran a la consulta revocatoria. Debe recordarse que la constitución de Ecuador, aprobada mediante un referendo en 2008, establece la revocatoria del mandato para todas las autoridades elegidas mediante voto popular. En las elecciones presidenciales de 2013 Correa triunfó con 57 por ciento de los votos, 35 puntos arriba de su más cercano competidor. Cabe recordar, asimismo, como elemento de contexto, que dos años y medio antes hubo un intento de golpe de Estado contra Correa.
Tampoco puede soslayarse el contencioso que Ecuador sostiene con Chevron, petrolera que dejó una estela de devastación en las zonas amazónicas en las que operó hasta 1992. El desastre ambiental, que causó mil 400 víctimas mortales, aún es visible por la presencia masiva de residuos petrolíferos. Como señaló a este diario el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, la trasnacional demanda que sea el país el que pague el daño ocasionado a la naturaleza y a pobladores, quienes han debido litigar por más de dos décadas para conseguir que se les indemnice.
Es significativo, por otra parte, que quienes exigen la salida del mandatario se abstengan de recurrir a la vía revocatoria que tienen disponible y persistan, en cambio, en movilizaciones cuyo propósito ha dejado de ser claro.
En el escenario regional el conflicto político ecuatoriano se articula con los que tienen lugar en otros países. Así, un día después de que arrancaran las manifestaciones en Quito y Guayaquil, el pasado martes 9 se vivió en Argentina un paro general convocado por el sindicalismo gangsteril y respaldado por los grandes medios de comunicación. Como en Ecuador, la oposición al gobierno argentino se desató por una ley que únicamente afecta a los sectores más adinerados. Llama la atención que protestas de grandes dimensiones estén teniendo lugar o se hayan desarrollado en el pasado reciente en Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay y Venezuela, además de los dos países ya mencionados, en la medida en que todos ellos tienen en común el empeño por construir su propio desarrollo con soberanía y dignidad.
Sin ignorar que la mayor parte de las muestras de descontento en esas naciones se aprovecha de errores reales cometidos por los respectivos gobiernos, su simultaneidad sugiere que, además de expresar inconformidades reales, tales movimientos podrían ser parte de una maniobra desestabilizadora regional. La táctica estadunidense y europea de magnificar y exacerbar malestares en contra de gobiernos soberanos es harto conocida en este continente y podría estar siendo dirigida en el momento presente contra los gobiernos latinoamericanos que han roto con el Fondo Monetario Internacional y con la subordinación al capital financiero trasnacional, que se han comprometido en políticas de bienestar social y que han impulsado procesos de integración regional.
