Quito.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció anoche que retira temporalmente dos proyectos de ley que prevén elevar el impuesto a las herencias y establecen nuevos gravámenes a la plusvalía, al cumplirse una semana de protestas en esta capital y otras ciudades contra ambas iniciativas. Horas antes, desafió a la oposición a que llame a una consulta popular de revocatoria del mandato prevista en la Constitución.

Al plantear la consulta ante miles de simpatizantes congregados en la céntrica Plaza de la Independencia, Correa expuso: Quieren sacar al presidente, quieren ser demócratas, vamos democráticamente, apliquen el artículo 105 de la Constitución: llamen a una consulta de revocatoria y con inmenso gusto los derrotaremos nuevamente en las urnas.

En la noche de este lunes, en un mensaje a la nación, el gobernante dijo: Para evitar que estos grupos provoquen más violencia... he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional, y explicó que la medida responde al deseo de mantener un ambiente tranquilo y pacífico con miras a la próxima visita del papa Francisco a Ecuador, del 5 al 8 de julio.

El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper, advirtió que ese bloque subregional se opondrá firmemente a cualquier intento de desestabilizar al gobierno de Ecuador. A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que su par ecuatoriano saldrá fortalecido de estas conspiraciones.

Impulsada por Correa, la Constitución de Ecuador de 2008 prevé la convocatoria a un referendo revocatorio del presidente apoyado en la recolección de firmas. La norma establece como requisito 15 por ciento del registro electoral, que serían 1.8 millones de rúbricas para dar paso a la consulta.

¡Listo Correa, aceptado el desafío! Vamos por la revocatoria pero con un Consejo Electoral independiente, señaló por Twitter el diputado Andrés Páez, uno de los que han llamado a las protestas contra el gobierno. Estas manifestaciones comenzaron el 8 de junio con miles de personas, sobre todo en Quito, Guayaquil y Cuenca, aunado a las llamados en redes sociales.

Los sectores opositores que han promovido las protestas en rechazo a las enmiendas sostienen que afectan a los pobres y a la clase media, pero el gobierno lo niega categóricamente.

El mandatario, que gobierna desde 2007, goza de índices de popularidad superiores a 50 por ciento y ha ganado tres elecciones presidenciales. Aseveró que en su país opera una estrategia de derecha para desgastar a su gobierno y después llegar a un golpe de Estado, mientras en las calles había protestas en su favor y en contra.

Ellos (la oposición) tienen la fuerza, la violencia, ilimitado poder económico, los medios de comunicación, pero nosotros los tenemos a ustedes y venceremos, compañeros. A defender sin violencia, pero con absoluta firmeza esta revolución, gritó Correa a sus seguidores, que respondían con la consigna: Correa no se va.

El mandatario recalcó que está en marcha una conspiración opositora, a la cual acusó de utilizar como pretexto las dos reformas tributarias que impulsa el gobierno en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista. El órgano legislativo recibió esas propuestas la semana pasada con carácter urgente, y tiene 30 días para aprobarlas o rechazarlas. Si no las tramita, ambas entrarán en vigor automáticamente.

Este lunes, el mandatario volvió a defender las iniciativas, ya que buscan una mejor distribución de la riqueza, y ofreció archivar las leyes si la derecha demuestra que afectan a los pobres.

La reforma más polémica es la Ley de Herencias, pero Correa afirma que ésta afecta sólo a 2 por ciento de la población, donde se encuentran familias acaudaladas que concentran 90 por ciento de las grandes empresas de este país.

La otra iniciativa que es rechazada por los grupos económicos y de clase alta y media establece nuevos impuestos a la plusvalía, la ganancia extraordinaria que adquieren terrenos privados por inversiones estatales. El gravamen en este caso, según los reportes, sería hasta de 75 por ciento.

Así, según sus detractores, tales iniciativas son un castigo al patrimonio familiar y el éxito económico en una sociedad tradicionalmente conservadora.