México tiene potencial en 65 millones de hectáreas de bosques y selvas para integrarse a la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), rubro con mayores avances en el contexto de las negociaciones internacionales para atacar el cambio climático.

Las pláticas de la semana pasada en Bonn, Alemania, no lograron suficiente progreso para alcanzar un tratado sobre clima justo y aceptable, tratado que debería finalizarse en París en diciembre de este año, señaló la organización Amigos de la Tierra Internacional.

Dijo que no se alcanzaron acuerdos en la forma jurídica ni en una distribución justa de los compromisos de reducción de emisiones; tampoco se acordó cómo generar suficientes fondos públicos para la adaptación al cambio climático. Los países del G-7 afirmaron que es fundamental éste; sin embargo, aún no han anunciado alguna medida significativa, y la reducción de emisiones que han prometido es menor a la mitad de lo recomendado por los expertos. Vamos en camino hacia un acuerdo vacío hacia París en diciembre, apuntó la organización.

Durante las negociaciones se obtuvieron tres acuerdos en REDD, explica Iván Zúñiga, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible: todas las inversiones en este rubro deben considerar beneficios para la biodiversidad y las personas; las salvaguardas y la supervisión, y que REDD tenga un enfoque de política pública, en lugar de entrar al mercado de bonos de carbono.

En México, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ya comenzó a elaborar un enfoque de política pública en la selva lacandona, las cuencas costeras de Jalisco y la península de Yucatán, explicó Zúñiga.

Agregó que el cambio en REDD para que pueda ser política pública es positivo, porque cualquier entidad pública y privada, tanto nacional como extranjera, puede invertir para restaurar, y el país podría recibir recursos internacionales.

Esto da más certidumbre a la comunidad y al ejido de que puede entrar a REDD con menos riesgos, sin mecanismos de mercado ni comprometer por décadas sus tierras; ahora el responsable será el gobierno.

En los proyectos especiales de REDD que ha hecho la Conafor –que llevan cinco años– se observa que han tenido algunos logros, pero estamos lejos de que esto opere adecuadamente. La Conafor no ha puesto suficiente interés en los programas y los ha enfocado de manera tradicional, pago por servicios ambientales, reforestación, y poco se ha destinado para fortalecer la gobernanza, explicó Zuñiga en entrevista.

Precisó que 78 por ciento de las inversiones se ha hecho en reforestación y pago por servicios ambientales.

Se ve que en el campo estas inversiones se han traducido en más presupuesto, pero no cambia la forma en que llegan las inversiones, señaló Zúñiga.

Consideró que a la Conafor le falta decidir el modelo de intervención diseñado para REDD, que es la coordinación de políticas e integración de recursos de los programas.

Apuntó que el Banco Mundial da recursos desde 2012 para establecer estas estrategias REDD mediante el proyecto bosques y cambio climático; es una coinversión entre recursos fiscales del gobierno y del organismo internacional, que son en parte préstamo y a fondo perdido.