Fundadores e integrantes de las 27 sociedades financieras comunitarias (Sofincos) calificaron de desatino de la autoridad pretender desaparecerlas de un plumazo mediante la reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular –mejor conocida como ley Ficrea–, la cual está retenida en el Senado, pero una vez concluido el proceso electoral puede ser retomada.

No estamos dispuestos a que nos atropellen; recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, porque se está atropellando el derecho de 19 grupos indígenas a ser consultados, expusieron Urbino Martínez, César Leyva Camacho, Adán Noé Ocampo, Martín Belmont, José Antonio Ortega, entre otros, en el Foro Nacional de Sociedades Financieras Comunitarias, al que asistió el senador Benjamín Robles Montoya.

Asentaron que su organización y reconocimiento legal les llevó más de tres lustros; criticaron a los diputados por no recibirlos, escucharlos ni comprender el papel que desempeñan en las comunidades rurales, varias de alta y muy alta marginación, donde no hay ningún servicio bancario. Estas sociedades, explicaron, están presentes en 507 municipios de 15 estados, tienen casi 94 mil socios en las 3 mil 682 comunidades en que prestan los servicios de ahorro, créditos, venta de microseguros de vida, envíos de dinero, pagos de servicios; dieron un paso histórico al dar un espacio al mundo rural marginado.

Créditos a 9 millones de campesinos

Los activos, captación de ahorro y colocación de crédito de estas Sofincos están muy lejanos de los que manejan los bancos e incluso algunas cooperativas, pero atienden a un mundo rural ignorado; por ejemplo, han otorgado créditos a 9 millones de campesinos, mientras la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero sólo ha atendido a millón y medio de agricultores. La mayoría de los socios, ahorradores y acreditados son indígenas, agregó Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social.

Impulsora de las microfinanzas, la también antropóloga refirió que estos organismos de microfinanzas batallaron varios años para ser reconocidos por el Estado y el Congreso de la Unión, y a partir del fraude en Ficrea, a todos nos tratan igual, incluso las Sofincos han estado en una guerra mediática, acusándonos de no estar registradas, lo cual es falso, pues fueron reconocidas en 2009 y son sujetas a un proceso de revisión muy estricto.

La autoridad, abundó, no ha volteado a ver al mundo rural al que las Sofincos prestan servicios y en los hechos están atropellando los derechos de miles de indígenas. ¿Por qué nos castigan por trabajar con los más pobres del país? ¿Por qué la sordera de la mayoría de los legisladores? Nuestro valor es la acción territorial en las regiones más apartadas del país, en las que hasta hace algunos años no se usaba la moneda y en las que prevalece el trueque. Por eso no nos quedaremos callados, estamos dispuestos a entrar a las batallas grandes por nuestras comunidades y pueblos, acotó.