Guatemala.

El Congreso eligió ayer en sesión extraordinaria a cinco diputados que integrarán una comisión que investigará y elaborará un informe con base en el cual el pleno decidirá si retira la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, denunciado por corrupción.

El 10 de junio la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar el trámite para que se formara la comisión contra Pérez Molina, solicitado por el diputado indígena Amílcar Pop, quien le imputa supuesta complicidad con redes criminales puestas al descubierto entre abril y mayo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, patrocinada por la Organización de Naciones Unidas.

De los cinco seleccionados mediante sorteo, cuatro son opositores al oficialista Partido Patriota y el quinto es independiente. La votación se hizo entre los 158 diputados que forman el Congreso.

Durante la sesión, el Congreso no definió plazo para que la comisión entregue el informe, algo que la víspera fue planteado por algunos legisladores. Ronald Arango, opositor del Partido Todos, lamentó que el presidente del Congreso, Luis Rabbé, terminara la sesión repentinamente, sin permitir que los diputados hablaran y sin fijar tiempo a los investigadores para que rindan su informe.

Baudilio Hichos, del Partido Libertad Democrática Renovada, dijo a periodistas que citarán a Pérez Molina para escucharlo, así como al diputado Pop.

El legislador vincula a Pérez Molina con el nombramiento y protección de funcionarios de confianza ligados con dos estructuras criminales.

La primera bomba llegó en abril, cuando las autoridades desarticularon una estructura incrustada en las aduanas, en la que funcionarios y particulares presuntamente recibieron sobornos de empresarios para reducir los aranceles sobre las importaciones.

Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, está acusado de liderar la estructura, y ahora está prófugo de la justicia, mientras a la ex funcionaria, quien renunció el 8 de mayo, le han inmovilizado cuentas bancarias, allanado propiedades y prohibido salir del país.

Ayer, un juez embargó por dudas sobre su origen tres propiedades de Baldetti y su esposo Mariano Paz.

Semanas después surgió un segundo escándalo, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el que funcionarios supuestamente otorgaron un contrato de 15 millones de dólares para tratamientos a pacientes renales a una empresa que carecía de licencias de salud para brindar esos servicios. Al menos 13 pacientes han muerto desde entonces.

Este caso llevó a prisión a varios directivos del Seguro Social, incluido a su presidente, el militar Juan de Dios Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza de Pérez Molina.

El jueves, en rueda de prensa, el presidente rechazó las acusaciones de Pop e insistió en que su intención es cumplir el resto de su mandato, que terminará a principios de 2016. Aseguró que no teme un posible despojo de su inmunidad, si lo decide el Legislativo. Me voy a mantener en el cargo, es un mandato constitucional, así que voy a enfrentar estos procesos.