Un día antes de que venciera el plazo para presentar el recurso de apelación, los abogados de Banamex se inconformaron con un fallo del juez federal Felipe Consuelo Soto, quien hace dos semanas avaló el convenio con acreedores por el que se puso fin al concurso mercantil de la empresa de servicios petroleros Oceanografía, cuyo principal accionista, Amado Yáñez, fue acusado por el banco de un fraude por más de 400 millones de dólares en perjuicio de Banamex.

Además del banco, el convenio también fue apelado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por ocho empresas privadas, entre ellas Candies Mexican Investments, filial de una naviera de Louisiana a la que Oceanografía debe más de mil 400 millones de pesos.

El recurso de apelación será turnado a un tribunal unitario de circuito, el cual revisará si el juez Consuelo Soto –quien dio su visto bueno a un convenio de restructura aprobado por los dueños de la mayoría de los pasivos– emitió su resolución en apego a la Constitución y a las normas jurídicas en material de concursos mercantiles.

Lo que molestó a Banamex fue el hecho de que en el convenio impugnado no se le reconoció como acreedor de Oceanografía.

El problema que tiene Banamex es que desde la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos, dictada en octubre de 2014, no se le aceptó su derecho a formar parte en la lista de acreedores de Oceanografía, y por tanto no participó en la aprobación del convenio, ni forman parte de éste los montos que se le deben, explicaron funcionarios del Poder Judicial Federal que tienen acceso a dicho concurso mercantil.

Abogados de Banamex que pidieron no mencionar sus nombres indicaron que la sentencia de reconocimiento de créditos –en la que se dieron por legítimas deudas que suman 2 mil 804 millones de UDIS, unos 14 mil millones de pesos– también fue impugnada, pero el tribunal unitario de circuito responsable aún no ha resuelto dicho recurso jurídico.

A decir de las fuentes judiciales consultadas, en caso de que Banamex sea reconocido como acreedor, el convenio tendría que ser revocado o modificado, pues se elevaría sustancialmente el monto de la deuda.

La idea es que si se acepta como acreedor a Banamex se necesitaría una inversión de capital de 76 millones de dólares y los nuevos inversionistas quedarían como dueños de 51 por ciento de Oceanografía.

La PGR aún desahoga una averiguación previa por el presunto quebranto millonario a Banamex, ya que de acuerdo con el informe final realizado por auditores del banco, la institución de crédito privada otorgó a Oceanografía un crédito por 6 mil 500 millones de pesos, de los que 5 mil 312 millones tuvieron que ser registrados como quebranto, ya que no estaban soportados por cuentas por cobrar por servicios proporcionados a Pemex Exploración y Producción (PEP).