A pesar de una reforma que obliga a sancionar las ‘‘quejas frívolas’’, esta disposición no ha contenido a los partidos y las elecciones de 2015 han evidenciado una creciente judicialización de la política electoral en México. Los reportes de las diversas autoridades competentes dan cuenta de la que la disputa electoral tiene en la vía judicial un espacio privilegiado para la desacreditación mutua de los partidos políticos.

El más reciente reporte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ubica al proceso electoral 2015 como uno de los más judicializados de la historia. Hasta el domingo pasado, las salas superior, regionales y la especializada habían recibido 14 mil 566 recursos de todos los partidos y de candidatos independientes.

Aunque cuestionado por el sentido de sus fallos, el reporte del propio tribunal da cuenta de que ha resuelto hasta ahora 14 mil 517 de estos recursos. La reforma electoral de 2014 innovó para el sistema de justicia electoral la creación de la sala especializada, a efecto de que fuera la instancia responsable de sancionar los procedimientos sancionadores que investigaría el Instituto Nacional Electoral (INE).

El esquema pretendía, entre otros aspectos, compartir la carga de recursos con el INE, pero en los hechos ha duplicado el trabajo de la sala superior. Los polémicos fallos de los recientemente designados magistrados de la sala regional han terminado recurridos ante la sala superior, que en muchos casos ha revertido sus decisiones.

En el INE, la carga de trabajo derivada de diversas inconformidades de los partidos ha originado 256 quejas, incluidos los procedimientos especiales sancionadores y los ordinarios. De acuerdo con el desglose de las quejas, 66 por ciento de los recursos han sido promovidos por los partidos, 28 por los ciudadanos, 14 por los organismos públicos locales y uno por ciento por empresas.

En el informe del instituto las principales causas de inconformidad que fueron revisadas son violaciones al artículo 134 constitucional, que regula la exposición de funcionarios públicos en promocionales (25.63 por ciento); propaganda ilegal (24); calumnia (20.3), y adquisición ilegal de tiempos en radio y televisión (12 por ciento).

A nivel de denuncias penales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) da cuenta de mil 207 averiguaciones previas, de las cuales 50 por ciento están referidas a presuntas irregularidades relacionadas con el padrón electoral.

Según los datos proporcionados por la Fepade, en este proceso electoral hubo un repunte importante de otro tipo de delitos denunciados, tales como la presunta manipulación de los programas sociales o la compra y coacción del voto.

La fiscalía ha turnado hasta ahora 57 averiguaciones previas y ya se han obtenido 17 sentencias condenatorias por delitos electorales comprobados.