La Comisión Permanente exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las instituciones educativas de los estados que no suspendan el proceso de evaluación de los maestros y que cumplan a cabalidad el mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente, con las fechas difundidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Asimismo, la Permanente se manifestó por el pleno respeto al estado de derecho, por cumplir y hacer cumplir la Constitución y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano cumplan con su responsabilidad.

Con este acuerdo se intentó frenar la discusión de cinco puntos de acuerdo de PAN y PRD respecto de la suspensión indefinida de la evaluación del magisterio, en los que senadores y diputados de oposición exigen la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y de Educación, Emilio Chauyffet, para que expliquen las razones por las que el gobierno suspendió la evaluación y también piden la renuncia de este último.

Pese a que se trató de un debate pactado, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano reclamaron al presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno haya cedido ante los ‘‘chantajes de la CNTE’’ al posponer indefinidamente la evaluación al magisterio, ya que además no logró frenar las movilizaciones de maestros ni garantiza la realización de los comicios.

Fue un debate de más de tres horas en el que la oposición aseveró que se violó la Constitución, la ley, y la SEP tomó atribuciones y facultades que no le corresponden. Además, los partidos exigieron que se aplique la evaluación en las fechas previstas.

Por el PRI, el senador Daniel Amador Gaxiola, quien además es integrante del Consejo Político Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, destacó que su partido ratifica su compromiso para la implementación de la reforma educativa.

Dijo que la decisión de la SEP ‘‘no significa claudicar; suspensión no es cancelación. Nos preocupa la decisión de la secretaría. pero más que pedir renuncias o hacer linchamientos pedimos información de los elementos que tuvo el gobierno para posponerla’’.

El perredista Armando Ríos Piter señaló por su parte que la evaluación debe llevarse a cabo. ‘‘La pregunta es qué pasó, por qué de buenas a primeras después de tantas fanfarrias se frena la evaluación. No sabemos si es la posición definitiva de la SEP o de Peña Nieto’’. Demandó en tribuna las comparecencias de Osorio y de Chauyffet, y destacó: ‘‘Lo que es terrible es que pareciera ser que la ley en este país se puede negociar al libre arbitrio del gobierno federal, y obviamente en este caso, en detrimento de la calidad de la educación de millones de niñas y niños’’.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, sostuvo que el Estado ‘‘ha sucumbido para no respetar el estado de derecho, ha sucumbido al chantaje, confunde la sensatez con la flaqueza y la prudencia con la debilidad. Estamos frente a un gobierno asustado, pasmado, debilitado, burlado, que se acerca a la ilegalidad’’. Añadió que ‘‘hay una invasión de atribuciones de la SEP. Hoy queremos un gobierno fuerte, no uno timorato; no queremos un gobierno autista’’.

El panista Roberto Gil Zuarth respondió al PRI: ‘‘Dicen aquí que no se suspende o no se cancela la evaluación; dicen que se pospone y con eso quieren justificar la ilegalidad de su decisión. Quiero recordarles que la reforma educativa que aprobamos deposita en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la responsabilidad de conducir los procesos de evaluación, no en la SEP. No es facultad de la secretaría determinar la fecha de realización de los procesos de evaluación, sino del INEE’’.

Concluyó: ‘‘Se está diciendo que ésta es una táctica del gobierno para sortear las elecciones. Si ese fue al acuerdo, les vieron la cara’’.