Las 411 cooperativas básicas que existen en el país y que atienden a 300 mil ahorradores en zonas de bajos recursos, carentes de otra forma de financiamiento, están en riesgo de desaparecer en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la llamada Ley Ficrea, impulsada por el gobierno federal para devolver sus ahorros a 6 mil personas defraudadas por esa sociedad financiera popular (sofipo), pero con la cual se afecta a las cajas de ahorro y crédito popular que son de naturaleza completamente distinta.

Así lo advirtieron representantes del sector y legisladores federales durante el Foro Nacional de Consulta sobre las Reformas a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (conocida como Ley Rascap), organizado por la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), y sostuvieron que en realidad se trata de una nueva ley, ya que plantea cambios en 97 de los 132 artículos de la actual y adiciones a otros 52.

A las cooperativas se les pretenden imponer nuevas regulaciones, un consejero independiente ajeno a sus asociados que esté vinculado con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con lo que se atenta contra la autonomía y los fundamentos legales del sector que lleva 64 años trabajando para que ahorita vengan a decirnos cómo funcionar, además de que se les obligaría a elevar sus montos de capitalización, denunció César Arnulfo Zepeda Prado, presidente de la Concamex.

Las 411 cooperativas básicas en riesgo representan 56.3 por ciento de las 730 que existen en México con 6 millones 700 mil socios ahorradores. Casi 5 millones de los socios están concentrados en sólo 145 cooperativas que por ser las más grandes y manejar mayores montos de capitalización requieren autorización de la CNBV, pero originalmente fueron cooperativas básicas. Aclaró que éstas no requieren actualmente autorización para comenzar a operar pero no significa que sean supervisadas por la CNBV.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se aprovechó de la coyuntura de Ficrea para perjudicar y sacar del juego a las cajas de ahorro porque ahí no están sus intereses. Hay una política tendiente a desaparecerlas. Los tecnócratas no acaban de entender que las cooperativas forman parte del sector social de la economía, que no sólo existe el sector privado con la banca comercial y el sector público con la banca de desarrollo. El gobierno tiene temor de que la gente se auto-organice financieramente, de manera distinta a la privada, porque lo ven como una tendencia izquierdosa o comunista, cuando las cooperativas son una alternativa para la población de bajos recursos y para sacar al país de la pobreza, pero con la Ley Ficrea se les pone una bota en el cuello a las cooperativas, sostuvo Alliet Bautista Bravo, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, al participar en el foro.

Esteban Martínez, secretario técnico de la misma comisión, sostuvo que el gobierno no está preparado para entender el sector social de la economía porque no concibe que la gente financie a la gente sin necesidad de bancos y autoridades.

Los cambios a la Ley Rescap, ya aprobados en la Cámara de Diputados y en espera en el Senado, implican reglas similares a las que existen para los bancos con los cuales nos quieren equiparar u homologar, pero eso nos matará porque no somos iguales. La nueva regulación aumentará los costos de operación del sector y, en consecuencia, repercutir en el incremento de las tasas de interés en los préstamos que otorgan las cooperativas y que actualmente es de 2 por ciento mensual o 24 por ciento anual, en promedio, casi igual a los intereses de una tarjeta de crédito y más baja que la tasa de 40 por ciento en créditos bancarios para las pequeñas empresas, advirtió Zepeda Prado.

Si bien el dirigente y los cooperativistas participantes en el foro aclararon que la Ley Ficrea no estipula la desaparición de las cooperativas básicas, eso sucederá de golpe y porrazo con las nuevas disposiciones regulatorias porque les será imposible cumplirlas mismas, además de que son barreras para la creación de nuevas cooperativas.

Zepeda Prado dijo que el sector ha mantenido un ritmo de crecimiento de entre 8 y 10 por ciento anual en captación y colocación de créditos (la diputada Alliet indicó que el sector maneja 100 mil millones de pesos), aunque el número de cooperativas no se ha incrementado en la misma proporción, ya que en este año sólo se han creado 20 nuevas, pero ese ritmo podría detenerse con la Ley Ficrea, en perjucio de las población de bajos recursos que no tiene acceso al financiamiento de bancos o de otras instituciones.