La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción de un tema que aclarará si la prisión vitalicia es constitucional o si debe tomarse como una especie de pena inusitada que viola derechos humanos.

Esta es la segunda vez que la Corte analizará ese tema, después de haber transcurrido una década desde la primera ocasión en que el máximo tribunal del país resolvió, por mayoría simple (seis votos contra cinco), que la cadena perpetua no es pena inusitada.

El caso a debate se originó en Chihuahua, donde Juan Carlos Gómez Bernal fue condenado a más de 200 años de prisión (algo similar a una cadena perpetua) por matar a cuatro personas en octubre de 2011. Gómez pidió un amparo por considerar inconstitucional un artículo del Código Penal de Chihuahua que permite cadena perpetua al responsable de homicidio doloso de tres o más personas.

A decir de los penalistas Felipe Rosales y Martín Millán, ámbos con más de 25 años de experiencia en casos de extradición, el tema que discutirá la SCJN es crucial no sólo por sus implicaciones de política criminal al interior del país, sino porque un criterio de los ministros contra la cadena perpetua en México implicaría un candado para la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes más peligrosos, quienes son enviados con la certeza de que enfrentarán dicho castigo en ese país.

Frenaría extradiciones a EU

Me queda muy claro que una posición de mayoría en la Corte, en el sentido de que el artículo del Código Penal de Chihuahua representa una pena inusitada, va a frenar las extradiciones a Estados Unidos, donde muchas veces los reos mexicanos llegan a enfrentar cadena perpetua, dijo Rosales en entrevista con La Jornada.

En 2005, por seis contra cinco, la SCJN revirtió el criterio que había sostenido en 2001, y rechazó que la prisión vitalicia fuera una de las penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución.

A decir de los expertos entrevistados por este diario, la Corte tiene en sus manos el mismo tema litigioso de hace 10 años, con la diferencia de que el actual momento histórico está enmarcado por la supremacía de la regulación constitucional y de tratados internacionales que protegen derechos humanos.

Estamos frente al hecho de que la Corte deba analizar si este tipo de penas vitalicias respetan parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana, y esos temas no habían sido revisados por los ministros en 2006, dijo Millán.