Aunque desde 2003 a la fecha hay al menos 924 pozos perforados por el sistema de fractura hidráulica (fracking) en el país para extraer gas natural, las poblaciones no han sido informadas de estas actividades, ni consultadas, y desconocen el destino del agua residual que se genera con esta actividad, señaló la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Explicó que de acuerdo con un estudio de Cartocrítica, asociación integrante de la alianza, con base en datos obtenidos de una solicitud de información a Petróleos Mexicanos, se conoció que desde hace 12 años al menos 924 pozos han sido perforados. En Coahuila, 47; en Nuevo León, 182; en Puebla, 233; en Tabasco, 13; en Tamaulipas, 100, y en Veracruz, 349.

Cáncer, entre las secuelas

En un comunicado, la alianza detalla que el fracking es un proceso que implica la inyección de entre 9 millones y 29 millones de litros de agua al subsuelo, mezclada con entre 650 y 990 sustancias químicas que pueden provocar múltiples daños a la salud, como cáncer y mutaciones, así como afectar al sistema endocrino, provocar alergias y alterar el sistema nervioso.

Durante el proceso, añade, existe una alta probabilidad de que haya fugas de agua contaminada con estos químicos, petróleo, gas u otras sustancias tóxicas presentes en el subsuelo, la cual llega a afectar fuentes de agua, el suelo e incluso el aire.

El agua residual de este proceso se desecha en pozos letrina lo que, debido a los altos volúmenes eliminados puede provocar sismos. Adicionalmente, el fracking envía significativas fugas de metano a la atmósfera que contribuyen de forma alarmante al proceso de calentamiento global, explica.

Aun con la experiencia de Estados Unidos, donde se ha documentado que esta actividad ha contaminado más de mil acuíferos, es muy probable que la población de las entidades mexicanas mencionadas consuma agua altamente tóxica que afecta la salud, agrega.

Prescrita en otros países

La alianza puntualiza que el fracking es una práctica prohibida en varios países, por sus irreversibles impactos, pero en México no se genera información sobre las potenciales secuelas ambientales y sociales, ni se vigila su desarrollo.

Se desconoce si estos proyectos han sido sujetos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, obligación establecida en la legislación.

Ante ello, la Alianza Mexicana contra el Fracking, integrada también por Fundar y Blue Planet Project, reiteró la demanda de que se prohíba el uso de la fractura hidráulica en el país por daños ampliamente documentados.