La mayor preocupación de las universidades privadas en nuestro país es que haya calidad en las opciones educativas que ofrece el sector, de acuerdo con el presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes), Francisco Ramírez Yáñez.

De las casi 2 mil 500 instituciones privadas que ofrecen educación superior en el país, indicó, sólo 110 pertenecen a este organismo, donde todas, unas más, otras menos, cuentan con un garante de que estamos intentando hacer bien las cosas a través de los sistemas de acreditación que tenemos.

Este fue uno de los temas abordados ayer en la sesión del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines (Cupria), de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), donde 30 rectores y representantes de las casas de estudios privadas del país dialogaron al respecto con Efrén Rojas, subsecretario de Educación Superior de la SEP, y con Lorena Martínez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), organismo con el cual la Anuies acordó una asociación para difundir los derechos que tienen quienes pagan por su educación.

Hace tiempo que las instituciones educativas agrupadas en Fimpes han hecho un planteamiento que no es agresivo, sino objetivo: que la autoridad, por conducto de mecanismos de evaluación, vea qué parte de la oferta educativa privada no va a dar elementos de formación y conocimiento a los jóvenes, porque, dijo Ramírez Yáñez, hay que reconocer que hay muchas instituciones que no cumplen con lo mínimo, que ofrecen lo que no pueden dar.

También preocupa a las instituciones privadas la violencia e inseguridad que se vive en el país. Ramírez Yáñez indicó que hoy tenemos un entorno violento y riesgoso. Citó el ejemplo de la entidad donde está la sede central de la institución de la que es rector, Jalisco: De pronto uno dice, bueno, como que no pasan tantas cosas como dicen que pasan, pero si uno es racional, (observa) que el clima no es favorable para las labores educativas. Tenemos muchas dificultades para el tránsito de alumnos extranjeros y nacionales en el estado.

Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Anuies, comentó en entrevista por separado que otro tema que está en la agenda de la educación privada es participar en la meta de que al final del sexenio haya una cobertura del nivel educativo superior en 40 por ciento. Estos asuntos, dijo, son abordados también en las mesas de trabajo que la asociación sostiene con la SEP y la Secretaría de Hacienda.

Agregó que frente a los momentos difíciles que están por venir en materia de financiamiento, el trabajo entre las autoridades federales y la Anuies es de absoluta coordinación.

Lorena Martínez comentó, en entrevista realizada luego de su participación en la sesión del Cupria –celebrada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México–, que la dependencia a su cargo y la Anuies pretenden generar información que permita a los jóvenes prevenir engaños cuando recurren a instituciones de educación superior que no ofrecen calidad, e indicó que el peor de los casos es cuando al concluir sus estudios los alumnos se enteran de que la universidad a la que asistieron no contaba con acreditación oficial.

Verificar contratos

La funcionaria indicó que existe desconocimiento en torno a los servicios que la Profeco ofrece a los clientes de instituciones educativas. La procuraduría tiene la obligación de verificar que los contratos que firman las universidades con sus alumnos no contengan cláusulas abusivas, que los precios pactados se respeten, que haya información transparente, que los costos de los productos que se venden dentro de los establecimientos educativos, como libros o uniformes, se den a conocer oportunamente y que no se obligue a los estudiantes a comprarlos en las tiendas de las escuelas.

Enfatizó además que en caso de que los alumnos adeuden colegiaturas u otros conceptos al finalizar sus estudios, las instituciones no pueden retener los títulos correspondientes, sino que deben entregarlos y, en todo caso, proceder al cobro por vías legales.