Con la aplicación puntual del nuevo sistema de justicia penal se corregirán prácticas inaceptables como la obtención de declaraciones bajo tortura, que propician impunidad, minan el estado de derecho y obligan a los jueces a emitir sentencias absolutorias, afirmó Alfonso Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al participar en el Foro Nacional sobre la Transición del Sistema Acusatorio Penal, organizado en cooperación con el gobierno de Chile y que se lleva a cabo en el auditorio Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gobernación, señaló que el CJF conducirá escrupulosamente cada etapa del nuevo proceso penal acusatorio, y también se garantizará que se repare el daño a la víctima u ofendido.

Pérez Daza indicó que actualmente los juzgadores federales conocen cotidianamente de procesos penales fundados exclusivamente en la confesión del inculpado, la cual, si es producto de una acto ilícito, como la tortura, hace imposible el análisis del delito cometido y obliga a emitir una sentencia absolutoria.

Por ello, agregó, el procedimiento abreviado corrige esta situación, ya que incentiva que la confesión sea consecuencia de la existencia de pruebas que acrediten el delito y dejen en evidencia que el resultado del juicio será una sentencia condenatoria; por ello, el delincuente prefiere aceptar su responsabilidad en el delito y renuncia a su defensa a cambio de la disminución de la pena.

De esta manera se desincentiva el ejercicio de la acción penal que tenga como único sustento una confesión, para dar paso a un ejercicio más cauto de la función investigadora, comentó durante su ponencia, en la cual refirió que en el Poder Judicial de la Federación hay convencimiento de que el nuevo sistema penal derivará en acciones penales acompañadas de evidencia más contundente y, en consecuencia, en la reducción de sentencias absolutorias por falta de pruebas.

Pérez Daza reiteró que el CJF está comprometido con hacer garantizar los principios de defensa efectiva de los derechos humanos de las partes involucradas en el proceso penal, potencializar la presunción de inocencia, el debido proceso, la reparación del daño y una mejor protección a la víctima y al ofendido del delito, principios rectores del nuevo sistema.