l presidente Enrique Peña Nieto acaba de irrumpir en el escenario de la disputa que desde hace años se libra en torno al futuro de la educación superior. Al encabezar en Los Pinos la celebración del Día del Instituto Politécnico Nacional (IPN), rodeado de estudiantes y autoridades de la institución, precisamente en el momento en que está a punto de tomarse una primera decisión en el camino a la celebración del congreso nacional en esa institución (la aprobación de los rasgos que tendrá el organismo convocante), Peña Nieto buscó un acercamiento con los alumnos: Valoramos, les dijo, “la iniciativa y las propuestas que han impulsado los propios estudiantes para fortalecer a su alma mater”. Los llamó, además, hombres y mujeres de bien, una manera elegante de enterarlos de que el Presidente confía en ellos y que no habría que decepcionarlo.

Este acercamiento hace evidente la importancia que Peña Nieto asigna a esa institución (aunque esto no se refleje en un presupuesto cuyo gasto por estudiante sea mayor o por lo menos igual al que tienen la Universidad Autónoma Metropolitana o la Nacional Autónoma de México), pero sobre todo hace evidente la preocupación gubernamental por el rumbo que en el IPN pueda tomar un congreso libre. Como se mostró en la UNAM en 1990, luego del movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en 1986-87, aunque se limite severamente su composición puede dar sorpresas que luego requieren mano dura para contenerlas. Y si eso fue posible en la UNAM hace 20 años, hoy sería mucho más complicado en el caso del IPN.

Si al comienzo de los años 2000 la discusión respecto de la educación superior tuvo como referentes obligados, además de la visión oficial, el problema de los rechazados y de los egresados sin empleo y una propuesta novedosa de educación superior (la UACM), en 2010-20 el IPN es la única institución del país en la que la propuesta de transformación interna no surge de alguna directriz gubernamental o de algún grupo de expertos y autoridades, sino de un fuerte movimiento estudiantil en el contexto, además, de Ayotzinapa, una de las respuestas más poderosas que se han dado al desastre nacional creado por el neoliberalismo tecnócrata de las últimas décadas. Y este, desde la visión gubernamental, es un escenario preocupante, sobre todo si el proceso en el Poli logra erigir un puente firme y estratégico con la profundidad de la respuesta nacional por la desaparición de los estudiantes normalistas.

Porque Ayotzinapa contribuyó a hacer visible un México cuya realidad y exigencias de justicia, conocimiento y libertad simplemente no existen ni caben en el pacto o alianza que, como analizábamos en la entrega anterior, se propone entre las instituciones de educación superior y gobiernos, políticos y empresarios. Su visión de las carreras, investigaciones, proyectos de difusión, gobierno universitario, requisitos de ingreso (incluyendo las colegiaturas y exámenes) no tienen que ver con la exigencia masiva de más y más buena educación, de conocimiento que ayude a que los propios mexicanos –con toda la variedad de orígenes que somos– transformemos nuestras comunidades y periferias de ciudades con proyectos productivos y sociales alimentados de las experiencias y estudios de otras partes del país y del mundo. La urgente necesidad de proyectos pedagógicos capaces de impulsar la curiosidad, creatividad y necesidad de conocer que tienen colectivos e individuos. Y en el caso de la educación superior, capaces de ofrecer un perfil de profesionistas aptos para atender los problemas generales de la población, buscando ofrecer condiciones de educación a los más posibles –incluyendo a quienes estén aprisionados–; investigaciones que recogen la perspectiva y lógica de los oprimidos y sus problemas de salud, transporte, empleo, producción, distribución y consumo, y no tanto la de grandes consorcios. Y una difusión que pueda recoger los procesos de organización comunitaria y vecinal y darle un sustento más profundo y de más amplios horizontes. Una educación que en sus formas de gobierno introduzca a los jóvenes y trabajadores a las responsabilidades, experiencias y problemas de la conducción colectiva y autónoma, la que puede crear verdaderos ciudadanos.

Para un gobierno como el de Peña Nieto, que en el IPN ocurra algo como esto no es bienvenido. Ni en el Politécnico en sí mismo, ni, menos, como un punto de referencia de importancia nacional que puede crear una discusión más amplia y crítica respecto del actual proyecto de educación superior. En otras palabas, el futuro de la educación superior en México pasa hoy, en forma importante, por lo que ocurra en los próximos meses en el IPN. Si el movimiento tiene la sabiduría y la fuerza para abrir un espacio de discusión a fondo o si prevalecerán las estructuras anquilosadas, y ni siquiera el proyecto de modernización neoliberal podrá desplegarse. Se creará un entrampamiento institucional que sólo demostrará una vez más que sólo una reforma fincada en un proyecto progresista y amplio puede ser capaz de transformar instituciones.

PD: Si la amenaza de evaluación para el despido masivo de maestros generó un movimiento magisterial nacional, ¿qué imagina el gobierno que va a generar ahora el primer paso de la fórmula evaluación-despido?

*Rector de la UACM