n los últimos días a las noticias de muertes, ejecuciones sumarias y desapariciones, que vienen siendo parte de nuestra cotidianidad propia de un país en guerra, y a la cual parecemos estar acostumbrándonos, se vienen sumando otras noticias que parecieran llevarnos ahora a un estado de estupor inaudito, al que pronto nos estaremos habituando: me refiero al de los escándalos ligados a la corrupción y el doble discurso, surgidos de la intercepción de llamadas telefónicas, involucrando invariablemente a altos funcionarios del actual gobierno.

Por sus implicaciones, llama la atención el caso del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual nos lleva a dos problemas fundamentales que ha venido pasando por alto la sociedad mexicana: uno relacionado con el racismo y otro con nuestro supuesto modelo de democracia representativa.

En relación con el primero, las expresiones utilizadas por el presidente del INE desnudan el doble discurso de los políticos y funcionarios gubernamentales: el de las frases huecas y demagógicas, de las promesas y los compromisos que no cumplen, y el real, en el que manifiestan el desdén, los muy escasos valores éticos y, en este caso particular, el racismo. Esto último no me sorprende; en varios estudios realizados con mi equipo de colaboradores con relación a temas políticos y educativos, me ha quedado claro que la política de los sucesivos gobiernos del México moderno (con la excepción del de Lázaro Cárdenas) hacia los indígenas ha ido diezmándolos en mayor o menor grado y concentrándolos en verdaderos guetos, que se caracterizan por ser las regiones más inhóspitas del país: desiertos, montañas y selvas, donde las condiciones de vida son las más difíciles, sin contar con apoyos de ninguna índole en materia de salud, educación e infraestructura elemental, simplemente condenados a su suerte, tal como han denunciado los zapatistas en Chiapas.

Esto puede ser comprobado fácilmente por los lectores, haciendo algún recorrido por las carreteras de las zonas desérticas y montañosas de Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. En tiempos recientes se han dado discusiones referentes a la equidad de género, proponiendo que los partidos mantengan las mismas proporciones de hombres y mujeres entre los candidatos a puestos de elección; sin embargo, podríamos preguntarnos igualmente: ¿cuántos diputados hay representando a la población indígena del país?

¿Qué es lo que hace posible que el actual presidente del INE, luego de conocerse su ofensiva llamada telefónica, no haya tenido dignidad para renunciar a su cargo, y en lugar de esto haya sido apoyado por el resto de los consejeros del mismo INE y por los partidos políticos? El argumento de que eso constituye una conjura en contra del INE resulta vergonzoso, pues de ser así, ciertamente tuvo su origen en la conducta de este supuesto defensor de la democracia, que responde al nombre de Lorenzo Córdova.

Pero no fue este el único escándalo; otros se han dado en torno a candidatos a diputados de varios partidos, así como de altos funcionarios del estado de México, de Puebla y del gobierno federal, envueltos en actos de corrupción realizados en contra de los intereses de la nación, el más grave de los cuales es el del consorcio empresarial OHL, de origen español, que con la participación del gobierno del estado de México, bajo las órdenes del mismo Enrique Peña Nieto y actuando como autoridad directa el actual secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, se dieran contratos de miles de millones de pesos, con precios fuera de la realidad, parte de los cuales les fueron reintegrados después, para su utilización en el financiamiento de la compra masiva de votos mediante las tarjetas Monex y de los monederos electrónicos de Soriana.

Hoy el problema no para allí; las conversaciones telefónicas indican que nuevamente el actual gobierno del estado de México, además de terminarles de pagar el monto acordado y por supuesto inflado, estableció para ellos la concesión de esas obras de manera que los ingresos tengan como destino a la misma empresa por los próximos 30 años, como pago para mantenerla en operación, llevándonos a la pregunta de qué parte de esos astronómicos beneficios tendrán como destino las cuentas de los funcionarios que hicieron tales concesiones o constituirán donaciones en aviones, yates y mansiones en países extranjeros?

Ello desde luego explica por qué el actual gobierno federal tenía tanto interés por el tren de alta velocidad a Querétaro, al igual que por el faraónico aeropuerto de la ciudad de México que aún se pretende construir, no obstante las implicaciones futuras de esa obra: un nuevo desbordamiento de la capital, que le lleve a una cifra de 40 o 50 millones de habitantes en las próximas décadas, así como un desquiciamiento de la aviación comercial, más grave que el ocurrido con la quiebra fraudulenta de Mexicana de Aviación.

Pero esto da lugar a imaginar lo que habremos de escuchar con relación a los nuevos contratos y acciones contra la nación que ahora estos mismos personajes podrán realizar a partir de la llamada reforma energética, al entrar en tratos con las empresas más poderosas del mundo en este sector. Ello a su vez da una idea de la magnitud del daño que han permitido y del cual se han hecho cómplices los miembros del actual Congreso y los partidos políticos que suscribieron el llamado Pacto por México.

Ahora debemos preguntarnos: ¿a quién han representado estos supuestos representantes del pueblo? ¿Cuál es el compromiso real con la sociedad mexicana de todos los partidos que los aglutinan? Me atrevo a afirmar que ninguno, para llegar a la pregunta central: ¿de qué democracia estamos hablando?

Salir de esta crisis que amenaza seriamente el futuro de la nación, sin que ello nos lleve a un escenario de violencia fratricida, requiere de inteligencia, cordura y capacidad de organización de la sociedad, difícil de imaginar. Hoy existen muchas propuestas ciudadanas, algunas muy parecidas entre sí y sobre todo que comparten objetivos y proponen estrategias similares; nos urge llegar a una que permita aglutinar a la sociedad toda. Reitero mi opinión de que el país requiere de una nueva constitución moderna, sencilla y de fácil interpretación, que en su esencia mantenga los principios, las aspiraciones y los derechos sociales de la Constitución de 1917, con componentes claros de una nueva democracia funcional y representativa en la que el gobierno esté supeditado al Congreso y las alteraciones constitucionales sólo sean posibles mediante la aprobación de la ciudadanía toda, mediante plebiscitos convocados para tal fin, así como para evaluar la conducta de sus gobiernos.