Cancún, QR.

El periodista Pedro Celestino Canché Herrera recuperó su libertad la madrugada del viernes, un día antes de cumplir nueve meses en la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto acusado de sabotaje.

Canché fue detenido por participar en una protesta por las altas tarifas de agua. Al recuperar su libertad, acusó de su encierro no sólo al gobernador Roberto Borge Angulo, sino al presidente Enrique Peña Nieto, pues es uno de sus gatitos consentidos, así que la agresión que yo sufrí es directamente del Presidente de México.

Sostuvo que Peña Nieto conocía su caso, se le enviaron cartas, no ignoraba mi encierro; entonces, al consentirlo pasó a ser cómplice y parte de la censura. Acusó que en Quintana Roo, los medios de comunicación y la libertad de expresión están cooptados. Retó al gobernador a debatir y adelantó que contrademandará por daños y perjuicios. La cárcel es apenas el prólogo y siguen los capítulos, aseguró.

El periodista comentó que fue recibido por su familia, vecinos, amigos y dos abogados de Artículo 19, organización independiente de derechos humanos que trabaja en todo el mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión.

Al alza, ataques a comunicadores

El representante legal de esa organización, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, aseguró que en lo que va del año, y debido al proceso electoral, las agresiones contra periodistas se han incrementado 65 por ciento.

Al mediodía, Pedro viajó a la ciudad de México escoltado por el personal de esa organización; donde están planeando conferencias de prensa y entrevistas a partir del próximo lunes.

Así, el juez George Alfredo López Criollo cumplió la orden del magistrado del segundo tribunal colegiado de circuito en Quintana Roo, Adán Gilberto Villarreal Castro, quien la víspera otorgó un amparo liso y llano al también activista maya.

Además de disculpas públicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al gobernador Roberto Borge Angulo incluir a Canché Herrera en la lista de víctimas del estado y que se le pague una indemnización por el daño moral y físico al que fue sometido.

La CNDH recomendó a los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado instrumentar cursos sobre qué es y cómo funciona el respeto a la libertad de expresión.