a Secretaría de Educación Pública (SEP) informó ayer su decisión de suspender indefinidamente los procesos de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de docentes para la educación básica y media superior.

Cabe recordar que la evaluación docente, que se comenzaría a aplicar en junio y julio de este año para determinar la permanencia de cientos de miles de maestros y maestras en sus puestos de trabajo, ha sido uno de los elementos más criticados de la reforma educativa del año antepasado, tanto por los docentes como por especialistas e investigadores en materia educativa, por considerarlo un atentado a las condiciones contractuales y los derechos laborales del magisterio, pero también por cuanto se pretende, a través de él, reducir los rezagos educativos del país –que obedecen a determinantes de índole estructural– a un mero problema de desempeño individual de los docentes, que en nada ayuda a atender de raíz tales rezagos. Por añadidura, la aprobación legislativa de esa reforma evidenció el divorcio entre una institucionalidad legislativa que dice representar a los diversos sectores de la sociedad pero que por regla general rehúsa escuchar a los grupos más críticos del llamado consenso al centro en que suelen incurrir los tres principales partidos políticos del país.

En este contexto, el magisterio implementó, en los meses posteriores a la aprobación de la reforma, una movilización intensa que fue atacada en forma virulenta por el gobierno y por los principales medios de comunicación, en un ejercicio que, más que exponer las posturas y argumentos de las partes, gobierno y maestros, se centró en el linchamiento de estos últimos. Pese a ello, el conflicto se ha mantenido activo y se ha agravado con otras agresiones sufridas por el magisterio, su entorno social de apoyo y los normalistas, como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más en Iguala, en septiembre del año pasado, y episodios represivos como el que se vivió en Acapulco el 25 de febrero, donde murió el profesor Claudio Castillo Peña.

Tales hechos reforzaron la percepción pública de que la persistencia del conflicto magisterial no sólo se deriva de la desidia, la torpeza y la incapacidad de las autoridades encargadas de restablecer el orden, sino que forma parte de un entorno deliberado de amenaza por parte del poder público a disidentes, opositores, activistas y manifestantes.

Con ese telón de fondo, el magisterio disidente ha venido planteando la realización de un boicot a la jornada electoral del próximo 7 de junio, como una forma de acentuar el descrédito de un poder político que, en sus distintos niveles y con todos sus recursos de fuerza, ha sido incapaz de poner un alto al sostenido deterioro de la seguridad pública y de la conflictividad social en el país. Ese poder también ha atizado con acciones equívocas descontentos populares que no se circunscriben al ámbito magisterial y estudiantil, y pretende mantener, pese a ello, una imagen de normalidad institucional y democrática que resulta improcedente en varios puntos del territorio.

La inexistencia de esa normalidad se exhibe además en la inestabilidad en el equipo responsable de la política educativa del país –como lo muestra el hecho de que la SEP haya cambiado al titular de su Oficialía Mayor en tres ocasiones durante los últimos dos años y medio–. A ello se suman las dificultades administrativas derivadas del manejo centralizado de la nómina magisterial, que ha ocasionado problemas administrativos y reclamaciones diversas.

Ante tales precedentes, la decisión anunciada ayer por la SEP es sensata y saludable por cuanto ayuda a distender un foco de conflicto que ni siquiera tendría que haberse activado, en caso de que las instancias legislativas hubiesen tenido la voluntad política necesaria para escuchar al magisterio. Cabe esperar que esa decisión dé pie a un acercamiento entre los docentes y las autoridades, y que el conflicto referido llegue a buen término.