En 2009, César de Jesús Molina Suárez fue destituido del cargo de director general de las Casas de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acusado de uso indebido de recursos y desfalco durante su administración.

Él es uno de los cuatro magistrados del tribunal de lo contencioso administrativo del estado de México (Tricaem) que habrían recibido sobornos de la empresa OHL, como sugieren audios recién difundidos, en los que directivos del consorcio hablan de echarle una manita a los magistrados para que resuelvan asuntos en su favor.

En 2012, a pesar de que el entonces presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, y su antecesor, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como José Ramón Cossío y Fernando Franco propusieron inhabilitarlo por 15 años y multarlo con 393 mil pesos, se impuso la mayoría que alegó que hubo violaciones al procedimiento.

En aquella ocasión, el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar, así como Margarita Luna Ramos, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero, Sergio Aguirre Anguiano (en retiro) y Sergio Valls Hernández (fallecido) consideraron que el procedimiento contra Molina Suárez era ilegítimo, porque la contraloría de la SCJN era incompetente para ordenar de oficio el inicio e instrucción del cuaderno de investigación, por lo que se ordenó la reposición del mismo, el cual aún sigue pendiente de resolverse en el máximo tribunal del país.

De esa forma, se anuló el proceso de responsabilidad administrativa en su contra y, gracias a los vacíos legales en la aplicación de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le permitió participar en un concurso de selección para juez de distrito, el cual ganó.

Sin embargo, Ortiz Mayagoitia, quien entonces era presidente de la Corte, evitó que su ex subordinado asumiera el cargo de juez y nunca rindió protesta como tal.

Ministros consultados confirmaron que entre las irregularidades detectadas durante la gestión del actual magistrado mexiquense destaca que la celebración de un acto privado la realizó en una Casa de la Cultura Jurídica del interior del país, con cargo al erario.

Sin embargo, el 11 de diciembre de 2009 los diputados priístas de la 57 legislatura en el estado de México aprobaron en sesión fast track su nombramiento como magistrado de lo contencioso administrativo, con vigencia de 10 años.