Desde las regiones semirrurales de Montevideo y los cerros que rodean Lima hasta zonas devastadas en Puerto Príncipe por el terremoto de 2010 y las chinampas de Xochimilco, habitan familias de escasos recursos que padecen el constante riesgo de ser desalojadas por haber construido sus viviendas en asentamientos irregulares, carentes de servicios básicos y que son vulneradas constantemente en sus derechos más elementales.

En total son 113.4 millones de personas de América Latina y el Caribe que viven en asentamientos irregulares en condición de pobreza, según cálculos de la ONU. Un centenar de representantes de esas comunidades, provenientes de 18 naciones de la región, participaron en el Segundo Encuentro Latinoamericano de Líderes Comunitarios, en la ciudad de México, para intercambiar experiencias y trabajar durante una semana las propuestas que pretenden llevar a la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Humano Sustentable (Hábitat 3), prevista para 2016, y en la cual los gobiernos decidirán la agenda urbana mundial para los próximos 20 años.

El objetivo del encuentro fue construir una agenda para que sus comunidades puedan incidir en los temas de habitat en América Latina porque se debe desmercantilizar el derecho al suelo y el derecho a la ciudad, entendido como el acceso democrático y equitativo a todos los servicios de la sociedad, indicó Luis Bonilla, director operativo de Techo, organización que trabaja con 670 asentamientos irregulares de 61 ciudades latinoamericanas.

La falta de acceso a la tierra y a los servicios básicos son la principal limitante para alcanzar una vida con mejor calidad de vida, concluyeron los líderes comunitarios en la declaratoria final del encuentro, realizado a cuatro años del primero que se efectúo en Lima, Perú.

América Latina es rica en recursos naturales, pero pese a ello somos la región más desigual del mundo y predominan los intereses privados de grupos particulares por encima del desarrollo integral de todos, asienta la declaratoria final firmada por el centenar de dirigentes comunitarios y que leyó Miguel Ángel López Mendoza, integrante de la delegación mexicana.

Creada en Chile durante 1997 a partir del trabajo comunitario de jóvenes universitarios en asentamientos irregulares, Techo ha expandido sus actividades a 19 países latinoamericanos con un grupo de 500 mil voluntarios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, proporcionándoles desde viviendas prefabricadas y llevando a cabo proyectos de infraestructura hasta dándoles talleres de organización y asesorías para que la gente regularice sus terrenos, realice proyectos de autogestión comunitaria e infraestructura y tramiten la dotación de servicios básicos para sus comunidades.

En México, Techo ha trabajado desde 2008 con 40 comunidades de de seis estados: Querétaro, estado de México, Nuevo León, Puebla, Distrito Federal y Jalisco, indicó Luis Bonilla. Entre ellas se incluyen Bodoquepa y Tlacoapa, en la zona chinampera de Xochimilco, donde familias que hasta hace ocho meses vivían en cuartos hechos con cartón, desperdicio de madera o cualquier material precario, ahora tienen pequeñas viviendas térmicas de 24 metros cuadrados, fabricadas con fibra de cemento y madera que costaron 31 mil pesos, comentó Miguel Ángel López Mendoza.

En Uruguay, uno de los países latinoamericanos con mejores nivel de vida, según indicadores elaborados por organismos como la Cepal y la OCDE, Techo también ha sustituido viviendas precarias en comunidades aledañas a la capital, Montevideo, y ayudan a la población a regularizar sus terrenos, dijo Daniel, quien proviene del barrio semirural de Manga, donde habitan 175 familias con mil 200 habitantes.

Quizá nosotros en Uruguay tenemos un poquito más de apoyo social del Estado que son difíciles de ver en el resto de América Latina, pero todos tenemos en común el desplazamiento, la falta de servicios básicos y el desinterés de los gobiernos, indicó.

En los alrededores de Lima, Perú, Techo comenzó a trabajar hace cuatro años y aunque nosotros sí tenemos título de propiedad y servicios nos apoyó para hacer más proyectos para desarrollar nuestra comunidad, dijo Alexandra Perca, representante de 60 familias en asentamientos urbanos.