Lima.

El gobierno de Perú declaró estado de excepción la provincia de Islay, en el sur del país, y envió militares para frenar las protestas que desde hace dos meses se realizan contra el proyecto cuprífero Tía María, propiedad de Grupo México, que han dejado cuatro muertos.

El cuarto deceso ocurrió el viernes en un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la provincia de Islay, según fuentes médicas. El estado de emergencia en la región de Arequipa entró en vigencia el sábado, durará 60 días y se produce en momentos en que se prevé un nuevo paro regional en la zona de protesta, lo que, según analistas, puede agravar la situación.

Tras declararse el estado de emergencia en Islay, las fuerzas armadas tomarán el control del orden público en la zona. El régimen de excepción regirá hasta el 23 de julio. Otorga plenos poderes a las fuerzas armadas y policiales para detener a cualquier persona sospechosa de actos violentos en las protestas contra el proyecto minero Tía María de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper (Grupo México), en la región de Arequipa.

Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, señala el decreto publicado en la gaceta oficial.

Coincide con la pausa en el proyecto Tía María

El periodo del estado de excepción anunciado por el gobierno coincide con la pausa por 60 días que dio a conocer Grupo México, para despejar todas las dudas existentes y poder socializar el proyecto, según explicó el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González Rocha, la semana pasada.

Hemos hechos todos los esfuerzos para evitar esta declaratoria. Lamentablemente, la violencia y el empleo, al parecer, de cartuchos de dinamita, nos hacen ver la necesidad de proteger a la población, dijo este sábado a la prensa el presidente Ollanta Humala. Es para garantizar la paz, añadió el mandatario al justificar la medida.

La declaratoria del estado de excepción se precipitó luego de que el viernes estallaron violentas protestas en Cocachacra, localidad aledaña al proyecto de la mina, que costaron la vida a un poblador durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía, cuando los pobladores intentaron tomar la comisaría de la localidad, empleando cartuchos de dinamita, lo que dejó además siete heridos –cuatro inconformes y tres policías.

El manifestante, de 55 años, llegó sin signos vitales a la posta de salud de Cocachacra, dijo a la radio RPP el médico Walter Vera, director de seguridad social en Islay. Según los manifestantes, la víctima falleció producto de un balazo en el pecho, lo que no fue confirmado ni desmentido por el centro de salud.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo que al fallecido no se le encontró una herida de proyectil sino una contusión en el ojo izquierdo, aunque aún debe practicarse una necropsia.

La víctima mortal del viernes es la cuarta desde el pasado 23 de marzo, cuando se iniciaron las movilizaciones contra el proyecto minero; desde entonces han fallecido otros dos civiles y un policía.

Las protestas contra el proyecto de mil 400 millones de dólares habían amainado en la última semana, cuando Southern Perú anunció una pausa por 60 días del proyecto para buscar entendimientos.

Pobladores de Islay temen que el proyecto minero, que aún no empieza a construirse, afecte su agricultura, contamine el medio ambiente y use sus fuentes acuíferas.

Grupo México afirma que utilizará agua del Pacífico procesada en una planta desalinizadora. Los campesinos creen que, a pesar de ese método, habrá contaminación, y demandan suspender el proyecto y que la minera se retire de la zona.

Los manifestantes han convocado para la próxima semana más movilizaciones.

En medio de las protestas se ha denunciado penalmente a un dirigente, Pepe Julio Gutiérrez, por supuestamente haber pedido dinero para poner fin a las manifestaciones. El gobierno también quiere responsabilizarlo de la muerte del policía.

El plan de construir Tía María, que según el grupo minero produciría 120 mil toneladas de cobre a partir de 2017, acumula años de retrasos. En 2011, otras tres personas murieron por protestas y el gobierno ordenó a Southern Copper un nuevo estudio ambiental, el cual fue aprobado el año pasado.

Para ayudar a los más de 2 mil policías en la contención de las protestas, el gobierno ya había enviado a Islay hace dos semanas mil efectivos de las fuerzas armadas que desde entonces resguardan puentes y locales públicos.

El gobierno ha descartado la suspensión del proyecto, blanco de estas violentas manifestaciones que han costado al presidente Humala una caída en su popularidad de seis puntos porcentuales hasta situarse en 21 por ciento en mayo.