La fracción parlamentaria del PAN en Tamaulipas presentó ante la mesa directiva del Congreso local un proyecto de punto de acuerdo mediante el cual solicita la separación del cargo de José Elías Leal, presidente municipal de Reynosa, a fin de facilitar a las autoridades de justicia investigar las presuntas irregularidades administrativas denunciadas el 20 de mayo por el diario La Jornada.

En nombre de los 10 integrantes de la fracción, el diputado Miguel Antonio Sosa Pérez entregó el documento que sería subido a tribuna: Se solicita, atenta y respetuosamente al c. José Elías Leal, presidente municipal del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, pida licencia a fin de separarse de su cargo, con el objeto de facilitar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, así como las competentes en relación a irregularidades administrativas, y se dé inicio a la investigación de los hechos narrados y dados a conocer por este medio de comunicación.

En la exposición de motivos, los legisladores citan la denuncia según la cual el alcalde, de militancia priísta, ha recaudado, por conducto de su hermano Luis Alberto, millones de pesos al exigir cuotas de entre entre 12 y 40 por ciento a proveedores del ayuntamiento, de la comisión municipal de agua potable y alcantarillado y por el servicio de recolección de basura.

Según un reporte de fuentes de dicha comisión y del ayuntamiento, de octubre de 2013 a agosto de 2014, Luis Alberto Elías Leal recaudó más de 31 millones de pesos por extorsionar a empresas constructoras, comercializadoras, prestadoras de servicios, medios de comunicación, industrias, papelerías, transportistas, talleres mecánicos y de pintura, ferreteras y madereras, entre otras.

El informe incluye gráficas y detalla nombre del proveedor, fecha y monto de pago, y si ha entregado oportunamente el porcentaje exigido. Compañía Industrial Bernal SA de CV es una de las que más han pagado, pues en 10 meses devolvió en moches más de 5 millones de pesos. Esta empresa tiene domicilio fiscal en Tampico.

Lo señalado no debe pasar desapercibido en este H. Congreso, pues es su responsabilidad salvaguardar el legal funcionamiento de las instituciones públicas en su caso previo juicio sancionar destituir o inhabilitar al o los servidores públicos que les sean acreditadas irregularidades cometidas en el ejercicio público, inclusive de dar a conocer a las autoridades de procuración de justicia ante la presencia de conductas delictivas, señala el documento de los legisladores entregado al Congreso el miércoles pasado.

Con base en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del estado, nos permitimos solicitar la dispensa de trámite a comisiones, por ser un asunto de obvia y urgente resolución. Firman además el texto el coordinador y vicecoordinador de la fracción panista, Francisco Elizondo Salazar y Francisco Javier Garza de Coss, respectivamente, además de los ocho legisladores restantes

Este viernes La Jornada conoció otro documento confidencial según el cual Jorge Pérez González y Patricia Ortiz Dávila, ex secretario técnico del ayuntamiento y directora de Comunicación Social del gobierno de José Elías Leal han cobrado ininterrumpidamente cheques por prestar servicio como periodistas. Estos funcionarios, según el texto, han combinado su papel de servidores públicos con el de proveedores de servicios del ayuntamiento de Reynosa incurriendo en una ilegalidad que amerita inhabilitación para ejercer cargos públicos, destitución de sus cargos u otras sanciones de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas.

El ex operador de Tomás Yarrington Ruvalcaba es propietario de Asesoría de Servicios Informativos de Medios de Comunicación SC y como tal ha facturado y se ha autorizado a partir de su incorporación al gobierno local cheques durante 2014 y 2015.