El Instituto Nacional Electoral (INE) le rebajó una multa al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al determinar suspenderle sus tiempos en radio y televisión durante los últimos tres días de la campaña electoral, en vez de que fueran 12 días o 116.8 millones de pesos.

Los consejeros también dieron entrada a la petición de siete fuerzas políticas en torno a iniciar un procedimiento para retirar al PVEM su registro como partido, con lo cual remitió el caso a la secretaría ejecutiva para que ésta determine a la brevedad el cauce legal que le dará. Este tema no dejó contentos a todos los promotores, como Morena que, consideró, servirá para darle ‘‘carpetazo’’.

La disminución de la multa fue obra de seis integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en relación con que el PVEM desacató la orden de la comisión de quejas de que quitara propaganda en las calles, parabuses, kioscos y casetas telefónicas, entre otros espacios.

Ayer, la sesión se centró en las irregularidades del Verde. Después de un debate que duró más de tres horas, los consejeros electorales Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Benito Nacif, Enrique Andrade, Beatriz Galindo y Javier Santiago definieron la sanción más leve para dicho partido.

Mientras, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y sus colegas Pamela San Martín, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Arturo Sánchez quedaron en minoría, aunque antes lograron que se dejara sin promocionales a dicho partido en vez de imponerle otra sanción económica.

El debate se prolongó porque hubo una feria de propuestas de los consejeros, que llegaron a la sesión sin tener mínimos consensos ni siquiera en torno a la presentada por la comisión de quejas, que consistía en castigar a dicho partido con más de 116.8 millones de pesos. De hecho, Nacif propuso una sanción menor, de 69.5 millones.

Durante la discusión, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez Marín, se quejó de que se verían perjudicados 20 por ciento de los candidatos del tricolor por estar coaligados por el Verde Ecologista de México. ‘‘Debe ser sancionado el infractor, no el coaligado’’, expresó.

Horacio Duarte, de Morena, pugnó por que le cancelaran sus espots al PVEM, y reviró al PRI que enfrenta dicho problema ‘‘por juntarse con violadores de la ley, por firmar convenios de coalición con quien se quiere pasar de vivo’’.

Ramírez Marín y Duarte se enredaron en un intercambio de reproches, porque el priísta le preguntó al representante de Morena si estaba de acuerdo en que la sanción afectaba al tricolor.

‘‘Perdón, no está en su pueblo ni en su partido para inquirirme como agente del Ministerio Público. Bájele, señor representante’’, exclamó Duarte, y Ramírez Marín le reviró: ‘‘Estupenda la perorata. No está en mitin. ¿Trasciende la sanción al Verde y afecta al PRI o no?’’

El senador Javier Corral (PAN) planteó que el Partido Verde pierda el registro y que el PRI asuma las consecuencias de haberlo hecho su aliado predilecto, privilegiado.

El segundo capítulo de este debate fue cuando propusieron quitarle el registro al Verde. Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano; Javier Corral, del PAN, y Horacio Duarte, de Morena, enumeraron las múltiples violaciones a la legislación electoral que le han valido al Verde Ecologista multas por 519 millones de pesos.

Los consejeros Pamela San Martín, Arturo Sánchez y Marco Antonio Baños coincidieron en que no corresponde el asunto a la comisión, sino a la unidad técnica o a la secretaría ejecutiva, y éstas deben definir si la petición partidista se suma a la de los ciudadanos, corre por separado u opta por otra alternativa que esté apegada a derecho.

Tagle y Corral propusieron modificar el proyecto de acuerdo para que se turne a la unidad técnica y ésta inicie el procedimiento para retirarle al Verde su inscripción como partido político.

En el debate, el representante del PRI calificó la demanda de sus opositores de intento por descarrillar a uno de los contendientes y pidió que se rechazara la petición. En lo último coincidió el consejero Marco Antonio Baños.

En la votación, nueve consejeros se manifestaron en favor de turnar el asunto a la secretaría ejecutiva y que sea esta instancia la que analice a la brevedad el cauce legal que le dará.