En la presentación del cuarto y quinto informes consolidados sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, en Ginebra, Suiza, integrantes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas consideraron que son insuficientes las acciones que ha emprendido el Estado mexicano para garantizar la protección de los infantes.

Una versión de la audiencia que se inició ayer en Ginebra fue difundida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). En dicha comparecencia, la delegación mexicana escuchó del abogado español Jorge Cardona que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes carecen de los mecanismos y recursos económicos para ser puestos en marcha de forma efectiva.

Luego de que Ricardo Sepúlveda, director general en Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que está en proceso de elaboración el reglamento de la ley de la infancia y después se creará la secretaría ejecutiva y se le asignarán recursos económicos, Cardona expresó: Hacer reglamentos es casi gratis, pero no es claro cuánto costará su implementación ni cómo harán para que la nueva ley opere en lo local.

La pobreza, una barrera

En la audiencia, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que la pobreza es una barrera para que el Estado mexicano brinde protección plena a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Además, dijo que la oferta educativa avanza muy lentamente, a pesar de que la instrucción juega un papel esencial en la erradicación de los desigualdades sociales, y la labor del gobierno mexicano para detectar el trabajo infantil y sancionar a las empresas que contratan esa mano de obra es insuficiente.

El primer visitador destacó la importancia de diseñar y poner en práctica políticas públicas efectivas y lineamientos claros dirigidos a garantizar el interés superior de la niñez. Agregó que la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes demanda estrategias de solución integrales que involucren a los diferentes actores del entramado social.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que entre ayer y hoy la delegación mexicana que acudió a la audiencia expondrá la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, norma que –resaltó– responde a una recomendación del comité de expertos y otros mecanismos internacionales, y representa para nuestro país un avance significativo.

La cancillería destacó que la sustentación ofrecerá una oportunidad para conversar con los expertos internacionales sobre las principales características de la ley y los avances y perspectivas para su instrumentación. Consideró asimismo que la nueva legislación propicia una transformación profunda, al reconocer a los niños como plenos sujetos de derechos y no como receptores de asistencia.

Sobre esta ley, el primer visitador general de la CNDH aclaró que es sólo el primer paso hacia la conformación de una estructura institucional y cultural de respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, pero consideró que el principal cambio radica en el papel del Estado mexicano, que va hacia un sistema de protección integral que considera a los menores de edad como personas con derechos.

Eslava propuso la creación de un registro nacional de datos que refleje el grado en que se protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el acceso a la educación básica y la ampliación de la cobertura de políticas para el desarrollo social en zonas remotas de población indígena.

Cardona también se refirió a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual carece de recursos específicos para su operación, y advirtió que la falta de acceso al aborto incide en la mortalidad materna.

GIRE resaltó que entre 2007 y 2013 no se reportó ningún servicio de aborto por violación en el sistema nacional de salud. Esta es la única causal que el Código Penal no sanciona en ningún estado del país.