En las filtraciones de una conversación telefónica de Lorenzo Córdova, Morena y el PAN vieron ‘‘la mano’’ de la Secretaría de Gobernación y del PRI-Verde, aunque el primero calificó de inadmisible el ‘‘racismo’’ del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista aparte, Gaudencio Mejía, asesor del grupo parlamentario del PRD en materia indígena, aseguró que no vale una disculpa pública de Córdova, ya que es un funcionario de alto nivel y con sus comentarios hiere a todas las etnias.

Dijo que no hay que olvidar que los pueblos originarios lograron durante la existencia del IFE que 28 distritos electorales fueran considerados indígenas; dicha redistribución fue resultado de los acuerdos de San Andrés.

Refirió que seguramente Córdova ya olvidó ese logro de los pueblos; dichos distritos se localizan en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y el estado de México, puntualizó Mejía, de origen mixteco, quien sostuvo una larga lucha, junto con los pueblos del Alto Balsas, en contra de la construcción de una presa.

Por su parte, Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE, consideró que no es casual que se revele esta grabación unas horas antes de que se discuta quitar el registro al Partido Verde, y dijo que sólo los aparatos de seguridad del Estado pueden hacer este tipo de espionaje.

Posturas disímbolas

A su vez, Horacio Duarte, representante de Morena ante el instituto, expresó que como al PRI-Verde y a las televisoras no les agradan las sanciones se puede advertir de dónde proviene el mensaje. Sobre el mismo tema, el representante del PRD, Pablo Gómez, declinó comentar el contenido de la conversación difundida por tratarse de ‘‘opiniones estrictamente personales’’ pronunciadas fuera de las funciones institucionales.

El presidente nacional de Morena, Martí Batres, dijo que los comentarios de Córdova “expresan su desprecio por la gente y son producto del espionaje.

Por la noche, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que está ‘‘legalmente impedido para abrir un procedimiento de queja sobre una conversación privada del presidente del INE, presumiblemente obtenida y exhibida de manera ilegal’’.

No obstante, el Conapred reiteró ‘‘la obligación de toda y todo servidor público a garantizar la protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad’’.