La fracción del PRD en el Senado demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por rechazar la consulta popular sobre la privatización del petróleo.

Los legisladores advierten que en una interpretación antidemocrática, los ministros de la SCJN declararon inconstitucional la llamada consulta petrolera, con el argumento de que es un tema referido a ingresos y gastos del Estado.

Con ello, la Corte violentó el derecho constitucional de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones en temas de trascendencia nacional, señalan los senadores en el recurso de queja que presentaron ante la CIDH a principios de este mes.

Resaltan que con esa resolución “es claro que la función de los ministros, como últimos intérpretes de la Constitución, se ve contaminada por una intención política y no jurídica de defender el status quo institucional”.

En el documento, de 90 cuartilla, agregan que el rechazo de los ministros a someter a consulta la reforma a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna afectó de manera grave e irreparable la legitimidad del tribunal constitucional.

La SCJN, insisten los legisladores perredistas, violentó el orden constitucional, al corromper el sentido de la norma para negar de forma absoluta el derecho de los ciudadanos de pronunciar un mandato directo al Estado y hacerse obedecer.

Hacen notar que siguieron todo el procedimiento jurídico para lograr que se llevara a cabo esa consulta, según lo establece el artículo 35 de la Carta Magna. Presentaron un total de 2 millones 585 mil firmas efectivas, según lo reconoció el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, en sesión pública celebrada el pasado 30 de octubre, el pleno de la Suprema Corte determinó que es inconstitucional esa consulta, por tratarse de una materia vedada por la Constitución, como son los ingresos y gastos del Estado.

En los argumentos de la ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, se revela que el criterio del tribunal fue dar primacía a la función administrativa del Estado de recaudar recursos, por encima del derecho ciudadano a ejercer su voto en el mecanismo democrático de toma de decisiones.

Esa interpretación, dicen, impide la realización de cualquier consulta que tenga un efecto económico para el Estado, de forma directa o, incluso, de manera accesoria, indirecta o colateral como es el caso de la consulta sobre la reforma petrolera.

Con tal sentencia, los ministros desconocieron el principio pro persona, que antes habían reconocido como sustancial: la preminencia de los derechos humanos a partir de su resolución en el conocido caso Radilla.

La pretensión de los millones de ciudadanos que solicitaron la consulta es que el pueblo, como recipiente original de la soberanía nacional, decidiera incorporar o no al texto constitucional la forma en que el Estado decidió realizar la explotación del petróleo, recurso natural no renovable, que es propiedad de todos los mexicanos, agregan.

Los perredistas hacen notar en esa queja que la Suprema Corte violó diversos artículos de la Carta Magna, así como el sistema internacional de los derechos humanos y tratados y convenciones en la materia firmados por México.