La mesa directiva del Senado, que encabeza el perredista Miguel Barbosa, solicitó a la tesorería de esa cámara los datos sobre el presupuesto ejercido el año pasado por los legisladores del PVEM, para determinar la presentación de una denuncia, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) multó al Verde por la transferencia de recursos de sus bancadas en el Congreso al pago de propaganda comicial.

La página de transparencia del Senado no está actualizada y no aparecen las asignaciones presupuestales al PVEM. En el informe del segundo semestre de 2013, auditado por la Contraloría Interna de la cámara, se precisa que el PVEM recibió 44 millones 174 mil pesos para trabajo legislativo.

De esa cifra, dispuso de 8 millones 70 mil pesos para servicios personales, 51 mil pesos para materiales y suministros y 28 millones 439 mil pesos para servicios generales, un total de 36 millones 560 mil pesos, gastados de julio a diciembre de 2013.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, insistió en que, independientemente de que el Senado decidiera interponer una denuncia penal, las autoridades electorales deben aplicar la ley, ya que si el Verde usó fondos de esa cámara para pagar su ilegal propaganda, se trata de aportación ilegal de recursos, delito al que se suma el de rebasar los topes de financiamiento privado.

Es aportación ilegal porque los órganos públicos, como el Senado, no pueden transferir los recursos públicos a los partidos políticos, ni en dinero ni en especie; ello está claramente prohibido en la legislación. Pero lo que el PVEM hizo es una doble falta, porque rebasó el tope de campaña en financiamiento privado.

Gil recalcó que el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueden ser omisos ante las infracciones del PVEM. Hizo notar que después de la elección de 2006, progresivamente se le han dado más facultades a las autoridades para que se garanticen equidad, imparcialidad y legalidad de los comicios.

La conducta del Verde, dijo, amerita la máxima sanción, que es la cancelación definitiva del registro, que aunque nunca se ha dado en el país, hay otras penalidades, como la suspensión temporal del registro, o bien cancelar alguna parte de la campaña del infractor.

Consideró que tanto el INE como el TEPJF tienen opciones para aplicar una sanción lo suficientemente severa para inhibir conductas como la del PVEM y para que se reparen las violaciones al proceso electoral. Sostuvo que en los últimos tres meses el Verde ha violentado la ley no sólo de manera sistemática, sino también dolosa, con la contratación de 300 mil espots en televisión, promocionales y propaganda impresa en todo el país, reparto de tarjetas de descuento, boletos de cine.

Lo que busca es ganar más puntos, una percepción favorable en la ciudadanía, una ventaja electoral, sin importar violaciones flagrantes a la ley, recalcó.