El Estado mexicano comenzó la entrega de compensaciones económicas a víctimas de la guerra sucia.

En los registros oficiales se cuentan 679 casos en seguimiento, de los cuales ya se ha pagado a 275 personas, informaron fuentes del gobierno federal.

Las sumas de reparación del daño, en esta fase de entrega de recursos, van de 800 mil a un millón y medio de pesos, según las características de cada historia y la edad de la víctima.

La información no se ha difundido por motivos de seguridad; la mayoría de los beneficiarios de los pagos vive en comunidades o municipios pequeños y sería muy peligroso hacer pública esta situación, comentó la misma fuente consultada.

El fideicomiso general para este pago tiene actualmente un saldo de 39 millones de pesos y cada año debe ser alimentado; su operación está a cargo de la Secretaría de Gobernación (SG), lo mismo que el fideicomiso del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Este último tiene recursos, según el corte del 30 de abril pasado, por 261 millones de pesos.

Los expedientes se relacionan con recomendaciones de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hacia la SG, entre otras instancias del Poder Ejecutivo.

El expediente más importante, para sustentar este proceso de reparación del daño, se deriva del informe y la recomendación 26/2001 sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los años 80.

Lo anterior, según los trámites y documentos aportados por los familiares de los quejosos, de manera directa o a través de una organización civil.

Después de una búsqueda, al final de los 90, la CNDH dividió el fenómeno en dos rubros: 308 casos de la zona rural y 174 de la urbana. Adicionalmente, en el transcurso de las investigaciones se acumularon 50 casos más. La mayoría de las historias ocurrieron en Guerrero.

Para la investigación se incluyeron visitas al Archivo General de la Nación para localizar documentos que acreditaran las indagatorias.

En su recomendación, la CNDH dijo que de 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas en el periodo referido se emitió un pronunciamiento acerca de los derechos violentados; se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles e inhumanos, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano.

La comisión recomendó la investigación de los hechos y la reparación del daño.