os jornaleros huelguistas de San Quintín, en Baja California, han logrado con su lucha la liberación de cuatro compañeros presos y un salario mínimo garantizado por el Estado de 200 pesos por ocho horas de trabajo. Su valiente y tenaz resistencia, su enfrentamiento a una represión salvaje y el apoyo de los sindicatos combativos y de la Nueva Central Obrera, así como la amenaza de los trabajadores agrícolas de Canadá y Estados Unidos de boicotear la producción de San Quintín si no se resolvía el conflicto, les permitieron sindicalizarse en la Alianza de Organizaciones y triunfar.
Ellos vencieron en esta batalla, que será la primera de una larga serie, a la alianza de hecho entre los patrones esclavistas, los medios orales, escritos y televisivos al servicio de éstos, las fuerzas represivas, los charros que temen los conflictos sociales porque les mueven el piso y el Estado nacional, que es siervo de los esclavistas nacionales y extranjeros explotadores de los jornaleros y organiza la sangrienta represión a toda resistencia obrera o popular.
Las empresas exportadoras de fresas pertenecen a capitales agrícolas estadunidenses o a miembros o ex miembros del gobierno del estado de Baja California. Mientras en Canadá o en Estados Unidos impera un salario de 10 dólares por hora (más de 150 pesos), en San Quintín pagaban 100 o un máximo de 150 pesos, pero por jornada de trabajo sin límites, que superaba largamente las ocho horas legales. Además, los patrones no pagan aguinaldos ni ninguna prestación legal ni cumplen con ninguna reglamentación ambiental o de protección sanitaria de los trabajadores y sus familias, que ellos reclutan en sus lugares de origen, en Guerrero o en Oaxaca.
Los recolectores de fresas reciben pagas irrisorias por cajón recogido, habitan en pésimas condiciones de comodidad y de higiene y generalmente deben dormir en esteras por el suelo y bañarse en las acequias. Estas condiciones de virtual esclavitud permiten que los patrones exporten anualmente por valor de más de 500 millones de dólares y hacen que esos exportadores sean sumamente sensibles a un boicot canadiense o estadunidense, que podría costarles mil millones de dólares por año, y teman como la peste la solidaridad obrera y popular con los huelguistas, que podría encarecer los salarios incluso en las regiones de reclutamiento de mano de obra, por lo general indígena.
De ahí la importancia de la solidaridad y la fraternidad obrera internacional (de los trabajadores agrícolas de Canadá y Estados Unidos) y de la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas, otros gremios combativos y la Nueva Central Obrera que, al defender los salarios y mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros de San Quintín, defienden al mismo tiempo sus propios derechos frente a la alianza agresiva y feroz entre los explotadores y los servidores de los mismos en el aparato del Estado local y nacional.
Porque hay un lazo entre la represión en San Quintín; la de Atenco por el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; la represión salvaje en Tlatlaya, y la matanza y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Los represores son los mismos y en todos los casos el Estado hiere, tortura, asesina, secuestra a quienes se oponen a la expropiación de sus tierras, como en Atenco, o los que luchan por elementales derechos laborales o democráticos contra un capitalismo que quiere imponer condiciones de vida del siglo XIX porfiriano.
Si ahora el Estado nacional no acompaña la violenta represión contra los jornaleros de San Quintín y ofrece garantizar un aumento de salarios, es por temor al contagio de la solidaridad, que quiere limitar lo antes posible, y para no ofrecer otro espectáculo sangriento en pleno periodo electoral ante la opinión pública internacional, horrorizada ya por lo que pasa en México.
De todos modos, el aumento a 200 pesos la hora y la limitación de la jornada a las ocho horas legales, más unos pesos más por cajón de fresas, hace que el costo salarial directo en San Quintín sea menos de un quinto del que impera del otro lado de la frontera y sigue asegurando, por lo tanto, ganancias extraordinarias a los explotadores de los jornaleros.
Es muy lamentable que la situación de los jornaleros no haya conseguido modificar la actitud fundamentalmente electoralista de Morena o el autismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que encontró tiempo para organizar un homenaje en Chiapas a Luis Villoro (cosa justa y necesaria, pero que se podía hacer en cualquier momento), pero no para llamar a la solidaridad con los jornaleros de Baja California, mayoritariamente indígenas.
En México son cada vez más comunes las condiciones de trabajo semiesclavistas impuestas por el moderno capitalismo agrario y debemos soportar aún un gobierno que mantiene la militarización del país y, al convertir al Estado en un semiEstado, favorece el saqueo del país por el capital financiero internacional y el accionar del narcotráfico, que se arma en Estados Unidos. Las luchas sociales, como la de los jornaleros de San Quintín, refuerzan la conciencia y la organización de los únicos que tienen interés, a la vez, en la obtención de conquistas laborales y democráticas y en la supresión de la explotación capitalista. Son peligrosamente utópicos los que creen posible que las fieras, que viven del trabajo, la sangre y el sudor ajenos, se hagan legalistas y vegetarianos y respeten pacíficamente la voluntad del electorado. Son igualmente peligrosos quienes no disputan el poder a los que, con ese poder, oprimen, torturan y asesinan a quienes se oponen al mismo. Hoy y mañana, lo fundamental sigue siendo desarrollar la organización política independiente de los trabajadores y ayudar en todos los terrenos a imponer un cambio en las relaciones de fuerzas sociales, hoy desfavorables para los oprimidos.
