l subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, anunció que se reunirá en las próximas horas con autoridades locales para evaluar el caso de Nestora Salgado, dirigente de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, quien se mantiene en huelga de hambre desde hace 11 días y cuyo estado de salud es precario.

En días previos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió por su parte respeto a las condiciones de integridad a la salud de la activista, recluida desde agosto de 2013, y recordó algunas de las irregularidades cometidas en su contra, como la negativa a ampliar su declaración, pese a que ésta fue solicitada desde hace tiempo por Salgado, así como el retraso inexplicable en la realización de los careos con las personas que le imputan los presuntos actos de privación ilegal de la libertad por los que se encuentra procesada.

A esas y otras arbitrariedades y violaciones al debido proceso se suma el maltrato institucional sufrido por la ex coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, recluida en un penal de máxima seguridad pese a ser acusada de un delito del fuero común.

Las irregularidades en el proceso de Salgado han merecido incluso la emisión de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destacan que la activista continúe su proceso en libertad. Pero lejos de actuar de conformidad con lo dictado por esa instancia, las autoridades parecen haberse ensañado todavía más con la dirigente comunitaria, cuya familia ha denunciado acciones de aislamiento y la negativa de las autoridades penitenciarias a prestarle atención médica. Todo ello a pesar de que el gobierno estatal, encabezado por Rogelio Ortega, se desistió desde enero pasado de los cargos en contra de la dirigente.

Ante la altísima y exasperante tasa de impunidad que impera en el país en los casos de delitos graves cometidos por diversos grupos de la delincuencia organizada, y con el insatisfactorio desempeño de los órganos encargados de procurar e impartir justicia en casos tan agraviantes como la masacre de Tlatlaya, estado de México, y la agresión policial contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, resulta doblemente cuestionable el rigor exhibido por autoridades federales y estatales en contra de activistas sociales y políticos, no pocos de los cuales enfrentan acusaciones inverosímiles y disparatadas. Tal es el caso de Nestora Salgado, cuya situación es una confirmación de la creciente tendencia oficial a criminalizar la protesta y la organización social autónoma.

En el entorno político nacional enrarecido y exasperado que se vive en la actualidad, mantener en la cárcel a activistas y luchadores sociales constituye un factor más de tensión, descontento y descrédito para el régimen político en su conjunto, así como una posible vulneración adicional de los derechos humanos y las garantías fundamentales. En el caso que se comenta, resulta imperativo que las autoridades de procuración de justicia estatales y federales revisen a la brevedad las acusaciones en contra de la referida activista, desechen las que resultan improcedentes y pongan en libertad inmediata a la afectada, cuya permanencia en prisión, lejos de fortalecer el estado de derecho, lo debilita y desacredita.