Madrid.

La futura ley mordaza, que entrará en vigor en julio próximo, y los numerosos casos de corrupción que involucran a la clase política española, fueron las dos principales denuncias de los colectivos sociales agrupados en el movimiento 15-M, protesta ciudadana que nació en mayo de 2011 por la represión del gobierno contra jóvenes que ocupaban la plaza para denunciar los estragos de la crisis. Cuatro años después este movimiento, también conocido como los indignados, continúa en barrios, pueblos y ciudades. Incluso, parte se ha transformado en el partido político emergente Podemos, que ha asumido el lenguaje y las reivindicaciones de aquella movilización histórica.

En mayo de 2011, a una semana de las elecciones autonómicas y municipales que confirmaron la mayoría absoluta del Partido Popular (PP, derecha) en Madrid, un grupo de jóvenes decidió pasar la noche en la Puerta del Sol para recuperar la plaza pública para el debate de las ideas y denunciar los efectos de la crisis en su generación. De noche y sin previo aviso, la policía antidisturbios arrasó el campamento y detuvo a decenas de personas. Eso fue la llama que encendió un movimiento ciudadano que se propagó al resto del país con la exigencia de más democracia, más justicia social y menos corrupción.

El movimiento los indignados se volvió a hacer presente en la Puerta del Sol, en la plaza de Cataluña y en la plaza de Valencia, donde cientos de personas se concentraron para exigir de nuevo más calidad democrática, justicia social y denunciar la corrupción, que afecta a todas las instituciones del país.

En Madrid, los inconformes repartieron mordazas entre los transeúntes, en señal de protesta por la inminente entrada en vigor de la nueva Ley General de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, con la que se pretende multar hasta con 600 mil euros (10 millones de pesos) a quienes convoquen y se manifiesten frente a las sedes de las instituciones del Estado, sea el Parlamento o las oficinas centrales de los ayuntamientos, o a quien fotografíe a policías mientras repriman alguna protesta o lleven a cabo un desahucio con violencia. La norma, aprobada por la mayoría absoluta del PP, ha sido reprobada por diversas asociaciones y organizaciones de defensa de los derechos humanos, además de las propias instituciones de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de que el movimiento del 15-M nació con vocación de no vincularse a ningún partido político, sindicato u organización establecida, durante la concentración en la Puerta del Sol había representantes de Podemos y de la plataforma electoral Ahora Madrid repartiendo propaganda electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 25 de mayo, en las que se prevé un nuevo triunfo del PP en Madrid, pero sin la mayoría absoluta que ha tenido en los últimos 15 años, con lo que estaría obligado a llegar a acuerdos con algunas de las formaciones emergentes, como Ciudadanos, Podemos o Unión Progreso y Democracia.