Integrantes del Observatorio Nacional del Feminicido advirtieron que a pesar del incremento de la violencia contra las mujeres, no se han activado con efectividad los mecanismos para prevenir y atender esta situación. Por el contrario, persiste la impunidad.

Nos resulta inexplicable que las solicitudes de alerta de violencia de género, incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se hayan aprobado, indicó Juliana Quintana, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Integrantes del observatorio solicitaron ayer nuevamente una entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Para ello, realizaron una manifestación a un costado de la dependencia, cuyos ingresos se encuentran cerrados de manera intermitente, además de que lasvallas de acero ahora se fijaron de manera permanente a la vía pública para evitar el acercamiento de manifestantes a las oficinas centrales.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, subrayó Quintana, demeritan los homicidios de mujeres y no trabajan con profesionalismo para esclarecerlos.

Algunas de las entidades en la que grupos civiles han pedido que se active la alerta de género son Morelos, Guanajuato, Michoacán, estado de México, Chiapas, Colima, Nuevo León, Hidalgo y Baja California.

Los grupos de expertos, comisionados para el análisis de cada entidad, han elaborado informes en los cuales puntualizan las deficiencias que redundan en impunidad y repetición de las situaciones anómalas. También reconocen el aumento de casos de ataques contra el sector fenemino.

Protesta de ayer frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la activación de alertas por violencia de géneroFoto Guillermo Sologuren

Lo que ha predominado es la burocracia. El feminicidio es uno de los temas que podríamos no estar abordando si se atendiera la violencia desde el origen, señaló Juliana Quintana.

El planteamiento único a Osorio Chong, agregó, es que se emita la alerta de violencia de género en todo el país, empezando con los estados que ya lo han solicitado. Sin embargo, dijo, hay una actitud negligente de los responsables.

“No vemos los cambios; no importa el color del partido del que haya emanado tal o cual gobierno, en el tema de procuración de justicia para las mujeres la situación de violencia se minimiza.

Los casos están ahí, documentados, no los inventamos, y el gobierno en lugar de investigar se limita a descalificar a los denunciantes. Nos encontramos hoy, por tanto, en un escenario de violencia institucional, dijo Juliana Quintana, en representación del Observatorio Nacional del Feminicidio.

En la Secretaría de Gobernación, toca a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres atender a estos grupos.

Las defensoras de derechos humanos y las propias víctimas, como familiares de jóvenes desaparecidas en el estado de México, presentes ayer en el mitin en Bucareli, consideran que no hay seriedad en el análisis y atención a los focos de violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.

No es con operativos policiacos la manera de atender a una comisión de mujeres o a ciudadanos en general. En México hay violencia contra mujeres, violencia feminicida, subrayó.