Horas antes de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multara al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 322 millones de pesos por aportaciones indebidas de los grupos parlamentarios al propio partido, dirigentes pevemistas rechazaron ayer que hayan cometido una ilegalidad al difundir los logros de sus legisladores en anuncios.

Informaron que presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque la sanción violenta el derecho a la libertad de expresión.

Adelantaron también que propondrán modificaciones al modelo de comunicación política, para terminar con el inequitativo sistema de espotización, que sólo beneficia a algunos partidos políticos y no contribuye al debate de ideas, pero sí ha perjudicado a concesionarios de radio y televisión con una doble tributación, impuesta injustamente.

Acompañados de diputados y senadores, Carlos Puente y Jesús Sesma, vocero y secretario de comunicación del Verde, respectivamente, señalaron que diputados y senadores de su partido lo que hicieron fue promover sus informes legislativos y lo efectuaron de acuerdo con lo aceptado por la autoridad electoral. Ni el PVEM ni las bancadas cometieron ilegalidad alguna, insistieron.

Lo que sí hay es un cambio de criterio de la autoridad electoral, subrayaron en conferencia de prensa realizada en el INE. Puntualizaron de esta manera que en 2012, la autoridad electoral emitió diversos acuerdos en los que afirmó que no eran procedentes las medidas cautelares contra informes legislativos. El tribunal confirmó ese criterio, pero ahora el INE lo cambio por la presión que ejercieron siete partidos políticos, estimaron.

Con esa modificación se vuelve absurda la rendición de cuentas, que es lo que hicieron los legisladores del Verde en sus promocionales, y se castiga el ejercicio de la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a ser informados, agregaron.