La fianza de 7 millones de pesos impuesta por la juez Martha Flores a los jornaleros de San Quintín, detenidos en la protesta de días pasados, es ‘‘insultante, injusta y exorbitante’’, consideraron por separado la fracción perredista en la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Agregaron que la sanción impuesta a los trabajadores del campo tiene por objeto ‘‘intimidar y desalentar las manifestaciones de los trabajadores’’.

Al concluir la Comisión Permanente, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) reclamaron al Revolucionario Instirucional (PRI) y a Acción Nacional (PAN) haber ignorado como tema de debate la situación en la que se encuentran los jornaleros.

Perredistas demandaron a la autoridad federal que cumpla con los reclamos justificados de los indígenas, y el PT anunció que solicitará un procedimiento de juicio político contra el gobernador de Baja California, Francisco, Kiko, Vega.

Para el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, la juez actuó con el ‘‘objetivo de criminalizar y tratar de frenar con miedo la protesta e inconformidad de los jornaleros, que demandan mejor salario y seguridad social’’.

Consideró que debe ponerse en libertad a los trabajadores ‘‘sin ninguna condicionante, abrir mesas de diálogo y construir los acuerdos necesarios para atender sus peticiones, porque la obligación de la autoridad es tutelar sus derechos’’.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, dijo que es responsabilidad el gobierno federal proteger a los jornaleros, ‘‘pero a quienes apoya es a los empresarios que tienen esclavos en México para ganar dinero en Estados Unidos’’.

A su vez, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio, afirmó que el caso ‘‘requiere de una atención especial’’ por parte de todas las autoridades que van a dirimir ese conflicto, pues esos trabajadores enfrentan ‘‘discriminación múltiple’’, es decir, vulnerabilidad económica, educativa, laboral y de acceso a la justicia.

En tanto, en un pronunciamiento de la CDHDF se advierte que el Estado está obligado a garantizar los derechos laborales de las y los jornaleros, así como evitar que los reclamos por bajos salarios sean criminalizados.

El organismo expuso que las fianzas fijadas –de 7 millones de pesos a tres de los jornaleros por daños en propiedad ajena y 500 mil al cuarto implicado– “resultarían injustas, desmedidas, exorbitantes e impagables’’.

Tras el análisis de lo ocurrido el fin de semana, la CDHDF afirmó que los montos de las fianzas son ‘‘exorbitantes’’, porque la Ley de Amparo indica que la fianza debe fijarse tomando en consideración la condición económica del quejoso, lo cual implicaría tener en cuenta que en promedio los jornaleros ganan sólo dos veces el salario mínimo, es decir, 140.20 pesos al día.