an transcurrido más de 16 meses desde la aprobación de las inconstitucionales y privatizadoras modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 que establecían la exclusividad de la nación, el monopolio y la rectoría del Estado en materia de petróleo y electricidad, y más de ocho meses de la aprobación de sus leyes secundarias reglamentarias para garantizar la entrega de los energéticos a las grandes trasnacionales, desde la óptica de la integración subordinada a los intereses del imperio del norte. La situación no ha mejorado en nada, por el contrario, ha empeorado.
Por supuesto, las promesas de los neoliberales y vendepatrias no se han cumplido. La economía está y seguirá estancada. Los cientos de miles de empleos que el gobierno de Peña Nieto anunció para convencer de las bondades de la privatización energética se suman al rosario de mentiras oficiales desde la época de Salinas de Gortari y las mismas promesas de que el adelgazamiento del Estado
y la venta de más de mil empresas generarían crecimiento y desarrollo, más escuelas, mejores carreteras, suficientes hospitales, e ingresos y salarios remuneradores, como lo establece todavía el artículo 123 constitucional.
Una de sus más socorridas mentiras es que la privatización energética provocaría la disminución del precio de la energía eléctrica, particularmente de la tarifa eléctrica doméstica. Una revisión del precio de la energía eléctrica de 2001 a 2015 echa por tierra las afirmaciones del gobierno de Peña Nieto y el PRI y sus ridículos y burlones espots. En este periodo el precio del KW en la tarifa eléctrica doméstica se incrementó en 143 por ciento, en tanto la inflación creció 79 por ciento, pero los salarios sólo lo hicieron 66 por ciento, convirtiendo el consumo de energía eléctrica en una mercancía de lujo. ¡Ah!, pero los voceros oficiales dicen: ¿Ya viste que bajó la luz?
Sin embargo, la comparación del precio del KW de diciembre de 2014 a enero de 2015 exhibe la burla sangrienta, pues se reduce a una disminución de menos de 4 centavos por Kw, que para un consumo bimestral de 250 kW en promedio representa menos de 9 pesos, o lo que es lo mismo, 15 centavos diarios. El asunto se agrava después de los 250 KW de consumo mensual, pues se cae en la temida tarifa doméstica de alto consumo (DAC), que saquea los bolsillos de cientos de miles de usuarios eléctricos, y se pone peor en las zonas de verano cálido o muy cálido, donde el uso doméstico intensivo de electricidad es una cuestión de supervivencia.
Desde esta perspectiva y de las demandas y necesidades del pueblo de México, las plataformas electorales de la mayoría de los partidos políticos no ofrecen nada nuevo. En algunos casos, como Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, ni siquiera han actualizado sus plataformas electorales considerando las inconstitucionales reformas a los artículos 25, 27 y 28 y sus leyes reglamentarias ya aprobadas. De los 10 partidos políticos, siete se ubican, desde diferentes ángulos y propuestas, en el bando de la privatización energética: PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, Partido Humanista (PH) y Encuentro Social (PES); y sólo tres partidos, desde diferentes enfoques y posiciones, rechazan la privatización del petróleo y la electricidad y las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución: el PRD, PT y Morena.
A la lectura de sus plataformas electorales, el PAN reivindica su carácter precursor en la privatización del petróleo y la electricidad, pone el acento en la inversión de capital privado en la producción de energía limpia y renovable, así como profundizar las reformas privatizadoras a las trizas que dejaron del artículo 27 constitucional. El PRI, además de reivindicar sus inconstitucionales reformas privatizadoras se pronuncia a favor de la integración energética subordinada a los intereses del imperio del norte, tal y como se contempla en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), pero sin mencionarla explícitamente. El PVEM sin tapujo alguno se declara a favor del ASPAN. Nueva Alianza reclama también la paternidad de las reformas inconstitucionales a los artículos 27 y 28 constitucionales. El PH avala las reformas estructurales, incluida la energética, pero advierte el riesgo de afectar la propiedad social. Al PES, como si nada hubiese pasado, sólo le preocupa la indemnización inmediata o participación pública de ejidos y comunidades cuando sean afectados por líneas de conducción eléctrica o pozos petroleros, etcétera.
En el caso del PT, se declara en contra de las inconstitucionales reformas a los artículos 25, 27 y 28 y llama a revertirlas. Algo similar propone el PRD, así como asumir un proceso de asociación energética con América del Norte. En el caso de Morena no sólo es el rechazo a la privatización energética y borrón y cuenta nueva frente a los recibos de CFE, sino al conjunto de las contrarreformas estructurales: en la educación, en lo fiscal, laboral, telecomunicaciones, etcétera, pero fundamentalmente partiendo de principios éticos y morales y rechazando alianzas inconfesables como el llamado Pacto por México. Esa es la gran diferencia y su compromiso con las luchas del pueblo y los movimientos sociales, como reclamar justicia en el caso de Ayotzinapa y solución a los conflictos del SME y de Mexicana de Aviación, entre muchos otros.
