l gobierno de Enrique Peña Nieto pretende devaluar el peso político y social de la lucha de los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California. Ayer, en un gesto de significativo desdén, envió a Ensenada a un jefe de unidad (la de Gobierno) de la Secretaría de Gobernación (David Garay Maldonado, de historial relacionado con policías y cárceles) como jefe de una amenazante misión negociadora, pues quien debería haber ido a aquellas tierras norteñas a dar la cara y cumplir sus promesas de dar respuestas claras a las demandas de los trabajadores agrícolas, el coleccionista de caras propiedades urbanas en el estado de México y en el Distrito Federal, el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, se reportó enfermo y, por tanto, plantó a los jornaleros por segunda ocasión.

No mereció el delicado problema social de San Quintín la elevación del grado de compromiso, sino su degradación. Indispuesto el subsecretario estrella de Bucareli (habría sido internado en el hospital ABC de la capital del país, según confiaron fuentes de Gobernación), no fue relevado con ánimos de superación, lo que habría sucedido si hubiera entrado a escena el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, sino que se optó por un mensaje sombrío y despreciativo al enviar al polémico Garay Maldonado, quien ha sido director de reclusorios y centros de readaptación social (con Manuel Camacho Solís como regente), secretario de seguridad pública en el Distrito Federal (con Óscar Espinosa como regente) y, en el estado de México, subprocurador de justicia y comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad (con Peña Nieto como gobernador).

Es decir, Los Pinos y Bucareli decidieron sustraer al subsecretario Miranda del escenario de las negociaciones políticas y enviar una especie de funcionario antimotines a encarar a los jornaleros levantiscos. Con un antecedente ominoso, pues Garay Maldonado fue cesado de la secretaría de seguridad pública del Distrito Federal el 28 de mayo de 1996 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, luego que fuerzas policiacas capitalinas habían impedido a garrotazo limpio, cinco días atrás, que una manifestación de profesores oaxaqueños se acercara a Los Pinos, dejando un saldo de más de 40 personas heridas.

La reconfiguración bélica del frente gubernamental en San Quintín busca desinformar, confundir, provocar, tensar y confrontar. La primera cancelación del diálogo con los representantes de los jornaleros (cuando el subsecretario Miranda anunció unilateralmente la posposición del encuentro firmemente prometido 15 días atrás) generó una jornada de violencia que dejó como saldo unos 70 heridos, algunos jornaleros detenidos y, sobre todo, la advertencia de que el gobierno federal usará toda su fuerza contra los trabajadores organizados.

Digna de una página en la relatoría de las aberraciones sublevantes cometidas en este periodo nacional tan doloroso y vergonzoso ha sido la imposición de una fianza ridículamente desproporcionada a los detenidos bajo la acusación de haber actuado con violencia en días pasados. Siete millones de pesos a cada uno como caución para que obtengan su libertad provisional tres trabajadores de las decenas de miles que están en lucha porque sólo les pagan poco más de cien pesos al día por recoger productos agrícolas que son vendidos a precios muy elevados en Estados Unidos, Europa y Asia. Una suma establecida para dar ejemplo a los insurrectos. Siete millones de pesos a cada jornalero presuntamente infractor y 7 mil pesos de fianza a Rodrigo Vallejo, el hijo del ex gobernador de Michoacán que se enriqueció ostentosamente mientras su padre estaba a plazos como mandatario, siempre en tratos abundantemente videograbados con el otro jefe del crimen organizado a quien apodan La Tuta.

El México de las aberraciones institucionalizadas también hace que en Chiapas la muerte de dos niños y las afectaciones de salud a decenas, a causa de vacunas aplicadas en clínicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social, sea atribuida a agentes externos, tratando de dejar a salvo la responsabilidad de funcionarios y oficinas públicas. El director general del IMSS, José Antonio González Anaya, acompañado de otros burócratas de alto nivel, enfatizó que se cumple con las normas, que todo está en orden y que no hay nexos entre las vacunas aplicadas y la muerte de dos bebés. Toda coincidencia con la realidad es pura semejanza, sería el lema con el que pretenden vacunarse contra la responsabilidad oficial tan solemnes directivos.

Doble error humano, arguyó Joel Ortega al anunciar los primeros resultados de las investigaciones oficiales sobre un reciente choque por alcance de dos trenes del Metro capitalino. El funcionario no se refería como ese combo defectuoso a sí mismo y al jefe capitalino de gobierno, Miguel Ángel Mancera (quien ya goza del ensueño de considerarse precandidato a la Presidencia de la República), sino a una extraña concatenación de maniobras individuales de trabajadores que habrían doblegado a costosos mecanismos automatizados de prevención de accidentes. A pesar de haber impuesto una controvertida alza en el precio del boleto para viajar en el Metro, según eso para dar mejor servicio, cada vez son más los problemas, el hacinamiento, los riesgos y los accidentes. Doble error político.

Más desvaríos desde el poder son de advertirse en el secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (obviamente, del equipo mexiquense transferido al federal con Peña Nieto), quien ve la tempestad en torno a OHL por corrupción y no se hinca ni para quedarse callado. El responsable operativo directo de los enredos del tren chino, que causaron a la nación daño patrimonial cuantioso y descrédito internacional, no sólo en el oriental país cuyas inversiones fueron afectadas, ha salido en defensa de la firma española que se forra de dinero inflando costos de obras públicas y repartiendo favores entre funcionarios mexicanos.

Y, mientras el partido de las cuatro mentiras sigue coleccionando multas, ¡hasta mañana!

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