Cientos de millones de pesos depositados en la sociedad financiera popular Ficrea, intervenida por el gobierno hace seis meses, se encuentran en un limbo jurídico y con riesgo de perderse por una actuación dilatoria y omisa de las autoridades encargadas de atender el caso, aseguraron ahorradores en una conferencia de prensa este miércoles a un costado del Palacio Nacional.

Los recursos que estaban en Ficrea son de los ahorradores, sostuvo Adrián González, uno de los voceros del grupo de personas defraudadas por Enrique Olvera Amezcua, ex accionista mayoritario de la sociedad financiera popular, quien es actualmente prófugo de la justicia. Las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros quieren llevar el caso al terreno del lavado de dinero (lo que implica que los recursos pueden ser incautados), pero el dinero que está en Ficrea fue depositado por los ahorradores, no es de procedencia ilícita, aseguró.

Los ahorradores buscan que haya una mesa de diálogo directamente con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el subsecretario de esa dependencia, Fernando Aportela, a quienes reconocen como los únicos funcionarios con capacidad de decisión para resolver el congelamiento de sus fondos desde el 7 de noviembre de 2014, cuando Ficrea fue intervenida por el gobierno y dio inicio una investigación contra el dueño de la empresa, entre otras causas, por lavado de dinero.

El plazo para que los ahorradores reclamen el seguro de depósito, que garantiza hasta 124 mil pesos, culmina el 17 de junio próximo, según informó el martes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hasta esta semana, 5 mil 438 ahorradores han presentado solicitud para cobrar el seguro, universo que equivale a 85 por ciento de las personas que habían depositado recursos en la firma al momento de la intervención.

En Ficrea hay recursos por 5 mil 800 millones de pesos, que deben ser reintegrados a los ahorradores, aseguró Enrique Gracia, otro de los voceros del grupo de ahorradores que se presentó ayer a las afueras del Palacio Nacional. Aseguró que antes y después de la intervención de la firma por el gobierno ha habido una sucesión de irregularidades que no puede ser producto de la casualidad. “Las evidencias apuntan a que detrás de lo que se ha dado en llamar ‘el caso Ficrea’, existe una maniobra legislativa mediante la cual el gobierno se podría quedar con los activos incautados a la empresa vía la Procuraduría General de la República y por otro lado, malbaratar la cartera con algún grupo financiero.

La intervención de todas las autoridades involucradas ha sido más que dilatoria y omisa en perjuicio de los ahorradores, pues si hubiera actuado como era su obligación se habría evitado que miles de millones de pesos estuvieran en el limbo jurídico con riesgo de perderse, o, peor aún, actuaron para que esos recursos quedaran a su entera disposición, apuntó.